Semana de movimientos políticos en nuestro Estado que incentiva la especulación, dirigida o inducida por los propios actores interesados en  los futuros cargos de elección estatales y federal, como consecuencia de los cambios hechos en el gabinete de trabajo del Gobernador Alejandro Murat, que marco el del titular de la Secretaria General de Gobierno que venía desempeñando el licenciado Anuar Mafud, sustituido en esa responsabilidad por el licenciado Francisco García con experiencia en la administración estatal.

Se aprecian esos movimientos en el Partido Revolucionario Institucional que despierta después de un largo periodo de aislamiento en la etapa de una pandemia, recrudecida por el incremento de los contagios y de la precariedad de los servicios de salud que transitan, según se difunde y reclama el personal sanitario, en que no se les otorgan las herramientas necesarias para su protección cuando atienden a pacientes de covid, entre otras insuficiencias.

Así el tema de elegir representantes populares, diputados locales, federales, miembros de ayuntamientos de los principales municipios incluido el de Oaxaca de Juárez, tiene trascendencia para lo que queremos, sus habitantes, que lleve a cabo la autoridad municipal en favor de la ciudad, sus agencias y colonias que torne eficaz la prestación de los servicios a su cargo; requerimos de legisladores que velen por un orden jurídico que beneficie a la población, no de leyes que la encapsulen con restricciones que limitan sus ámbito de libertad y certeza; que se recuperen los valores de un Estado democrático de derecho que satisfagan los relativos a la educación, salud, seguridad y vida digna de la población

Desde luego, en nuestro Estado la imagen del Presidente Lopez Obrador, tiene un alto grado de influencia, no solo por su constante presencia, sino por los beneficios que irradia la relación institucional que ha establecido el Gobernador Alejandro Murat con la implícita la correlación de esfuerzos en beneficio del desarrollo positivo para la población en obras de infraestructura materializadas en la conclusión de las vías de comunicación y de la zona económica.

Como consecuencia, el contexto del próximo proceso electoral, debe visualizarse con esa perspectiva, que impone una serie de actos consensuados para distribuir el ejercicio del poder en condiciones equitativas para los diversos niveles de gobierno, el estatal, el federal y el municipal que, en nuestro estado, tienen preeminencia los ayuntamientos por el número de municipios que componen con una mayoría que se rige por sistemas normativos internos, conocidos como de usos y costumbres, base de sufragios en los procesos electorales.

Los partidos en el estado de Oaxaca como el Revolucionario Institucional, si busca recuperar posiciones relevantes, debe enfocarse en la vigente realidad socio política e implementar un plan de acción que dé respuesta a la insatisfacción que prevalece en el gobernado en lo que se refiere al desempeño de los actuales ayuntamientos, legisladores federales y estatales en ejercicio; sobre estas hipótesis determinar el perfil de los requerimientos mínimos de legitimidad que deben tener sus futuros candidatos a los cargos en disputa, para buscar opciones que propicien obtener una mayoría satisfactoria.

Esto si se toma en consideración que el Revolucionario Institucional, requiere de una estrategia bien planeada, a corto plazo de impacto, máxime si la enmarca en acuerdos o coaliciones con otras tendencias políticas que no cuentan con una estructura integral en el estado o que, por razones bien conocidas, han perdido la presencia y confiabilidad ante el gobernado y requieren de oxigenarse para poder recuperar posiciones preparando así, un fortalecido andamiaje que enfrente, con posibilidades, el mantener el poder de la titularidad del poder ejecutivo.

El proceso fijara la ruta de progreso, permanencia o retroceso para el desarrollo y fortalecimiento del Gobierno del Estado, su poder legislativo y ayuntamientos, que propicien la continuación de quehaceres de beneficio real, efectivo y congruente de los habitantes, en cada nivel de gobierno, pues se empatará con el proceso de selección del futuro candidato a la presidencia de la República cuya definición se torna incierta, ante el manejo cuestionado de la pandemia, la corrupción, el decaimiento de la economía, la inseguridad, afectación de los derechos humanos, justicia alentada y legislación restrictiva de las libertades del hombre.

Este contexto electoral será influenciado, positiva o negativamente, por el proceso de la consulta popular en agosto del 2021, respecto a las políticas públicas implementadas en gobiernos anteriores, precedido por un recargado caudal de información y filtraciones recíprocas,  de carácter político mediático, que vaya delineando lo que tendrán que hacer los poderes vinculados, ejecutivo y legislativo federales, lo cual se constituirá en una herramienta que unifique la respuesta, de la misma naturaleza, que den los implicados en la investigación administrativa y de la que no conocemos el bagaje que tengan reservado para la batalla los ex presidentes u otros presuntos comprometidos.

La índole de las políticas públicas a investigar, de cada periodo de gobierno,  de acuerdo a la materia de la consulta, tiene, como controversia, un doble aspecto, uno  jurídico vinculado con el debido proceso en los procedimientos administrativos que deban iniciarse y los actos u hechos específicos atribuidos como faltas específicas sobre ejercicio indebido de facultades y atribuciones imputados a ex servidores públicos ; de ahí derivar las responsabilidades administrativas, penales y civiles que resulten; el otro, con la respuesta que, en paralelo a lo jurídico, se filtre dando a conocer videos, grabaciones de conversaciones telefónicas o de otra índole sobre actos similares de la administración actual y sus personajes, como ya ocurrió, al empezar a difundirse la propuesta de consulta inicial del Presidente López Obrador tocante a la investigación y sanción penal que propuso de los expresidentes.

Todo este capital de actos y hechos que envuelven a la opinión pública y al ciudadano Oaxaqueño, debe ser razonado y valorado para elegir, dentro de los aleatorio del voto, a los mejores hombres y mujeres que sean propuestos por las diversas tendencias políticas o de manera independiente para competir por  los cargos de elección enfocando su definición en lo que es una prioridad para los habitantes de la República, tener un gobierno de equilibrio del poder que inhiba el retorno o permanencia de los gobiernos monolíticos.

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