Semana difícil  para los mexicanos inmersos en los contrastes del gobierno de la cuarta transformación ubicado en la encrucijada de una transición como la que se anunciaba en los también llamados gobiernos del cambio a partir de Vicente Fox y  Felipe Calderón, caracterizados por un debilitamiento de la estructura institucional de la administración federal que incidió en las dependencias y organismos encargados de llevar a cabo tareas de inteligencia en el área de política interior del país, misma que prevalece con variantes en la actualidad.

Los hechos ocurridos en Culiacán Sinaloa ocurren poco antes de que el Presidente Lopez Obrador inicie una gira de varios días en nuestro Estado al que le ha puesto una especial atención que, en principio, se difunde como una preocupación por propiciar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de sus regiones que esperamos tenga resultados palpables en un futuro próximo, sin embargo, de la lectura de estas constantes visitas se advierte un objetivo político, consolidar el caudal electoral que le representa esta entidad como bastión indiscutible de su liderazgo político, que al mismo tiempo favorece al Gobernador Alejandro Murat.

El discurso mañanero del Presidente y las conferencias de prensa de los miembros de su gabinete en lo individual o en conjunto patentizan contradicciones en asuntos relevantes que sería largo detallar, pero que respecto a lo sucedido en Culiacán de lo cual se difunden videos y conversaciones de miembros que forman parte del ejercito del Chapo Guzman resalta que el hecho no fue un operativo para detener a Ovidio Guzman sino una tarea de rutina, dicho por el Secretario de Seguridad acompañado del de la Defensa, Marina y Cisen, lo cual fue desmentido por el Presidente y los propios miembros del Gabinete de Seguridad posteriormente.

Lo que colma la problemática de esos hechos no solo son los ocho o más muertos y heridos en este evento, sino su resultado ahora ya oficialmente calificado como un “operativo fallido y precipitado de la policía investigadora” para detener a Ovidio Guzman y su posterior libertad, a quien se presenta en las redes con la banda presidencial cruzada en su pecho, como resultado de la ineficacia de las fuerzas de la policía militar, guardia nacional militarizada y estatales que se reconoce oficialmente; esto es relevante como precedente, porque formaliza una futura práctica de arreglos con el crimen organizado o no para  evitar “pérdida de vidas humanas”.

Las experiencias en este rubro empezaron a resaltar a partir de la declaración de guerra del expresidente Felipe calderón que introdujo al ejercito en el servicio de la seguridad pública con los resultados que vivimos hasta a la fecha; a la inversa, ahora es la delincuencia la que muestra su musculo y poder real declarando la guerra al estado y sus fuerzas de seguridad ante la política formal de la no represión del pasado. En ambos casos la perdida de la vida trasciende a una atemorizada sociedad civil que, como apreciamos en las noticias, imágenes y grabaciones huye despavorida, creando en la conciencia colectiva una situación de temor que día a día se ahonda.

La discreción mostrada por el Presidente López Obrador en principio sobre este lamentable acontecimiento, puede tomarse como un acto de prudencia al poner a cargo de su gabinete de seguridad la responsabilidad de informar, o por una falta de información real de lo que había pasado esa tarde, lo cual parece poco probable. La imagen de los miembros del Gabinete de Seguridad es una evidencia objetiva de desconcierto y desconocimiento de las causas y efectos, cuando ya se anunciaba que se trataba de una cuestión rutinaria y que se había detenido a un hijo del Chapo Guzman cuando desde un edificio se había disparado a las fuerzas de seguridad.

Lo objetivo es el enfrentamiento de fuerzas desiguales en número, se adujo, mayor a la oficial; la detención de Ovidio Guzmán y su posterior libertad, negociada por quien o quienes, no se sabe, pues la única explicación oficial es que con ello se evitaron mayores perdidas de vidas de las fuerzas del orden o de civiles; operación de canje autorizada por el Presidente López Obrador y ejecutada por su gabinete de seguridad; ocho o nueve muertos y múltiples heridos; precedente no legal de impunidad; y apoyo oficial a la política pública de seguridad de poner la otra mejilla.

Lo que se fortalecen con estos hechos,  son los liderazgos en las facciones políticas de Morena que sostienen al Presidente; este se hace cargo de Oaxaca, Claudia Sheinbaum Pardo de la Ciudad de México; Ricardo Monreal del Senado y los Diputados Romo del sector económico afín. Los contrarios son todos conservadores y corruptos, periodistas y comentaristas fifís, empresarios que se amparan ante reformas, abogados que hacen los amparos, jueces y magistrados que otorgan suspensiones o criterios que obstaculizan las políticas del nuevo gobierno y todo aquel que no este de acuerdo con las medidas tomadas.

Un gabinete formalmente unido respaldando la determinación del Presidente de no represión, de no respuesta a la provocación, aunque en el fondo no estén de acuerdo con el Presidente. Se difundió que tanto la Secretaria de Gobernación como el de Seguridad Publica Durazo habían presentado su renuncia, pero que estas no fueron aceptadas. El Presidente sabe para que utiliza la división y lucha interna de sus colaboradores como experiencia que le da la omnímoda potestad de ejercer un poder de facto, sin límites, al interior de la jerarquía burocrática de cuello alto.

Lo cierto es que en este país no sucede nada que no implique, como lo experimentamos en Oaxaca en el 2006, la intervención de cuatro elementos en  eventos violentos de protesta o negociación forzada o pactada para incentivar el temor colectivo que son, el poder, es decir el gobierno, las facciones políticas en la lucha por el poder y la delincuencia enquistada en algunos casos, en sectores oficiales a los que sirven, recíprocamente, para este tipo de movimientos mediante un pacto no escrito. El cuarto elemento es de sacrificio, la sociedad civil.

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