El derecho humano a la educación. El interes legítimo via para hacerlo efectivo. II

  • Jorge E. Franco Jiménez

La compleja situación de conflicto permanente en el Estadoafecta a su población que permanece en total estado de indefensión frente a la agresiva, violenta, impune e incontrolable movilización que encabeza la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Magisterio, mismo que tiende a recrudecerse ante la inminente elección de diputados federales y gobernadores, con el pretexto de reventar el proceso político, y en paralelo, obtener canonjías que nunca acabaran de satisfacerse, por las Secretaria de Gobernación, de Educación, Hacienda y el Gobierno del Estado.

Las autoridades de la Federación y del Estado, no difunden información alguna sobre los obscuros acuerdos que celebran, no toman medidas para preservar el orden, la seguridad y paz públicas, el libre tránsito y el derecho del pueblo para realizar sus actividades laborales, de negocios, y la vida institucional del estado; las negociaciones se mantienen en la secrecía que hace dudosa la legalidad de los arreglos que se hacen, sin que la ciudadanía, como parte afectada, sea tomada en cuenta.

Si recordamos los antecedentes del movimiento del 2006 en Oaxaca, la estrategia de lucha se reproduce, presentación de peticiones sobre incremento de prestaciones de los maestros y obstaculizar el proceso de elección de diputados federales, empezando por las protestas, plantones y la movilización acción que están llevando a cabo, para alterar el orden, la paz  social y violentar de manera grave  los derechos humanos de la población, y así mantener un contexto de permanente inestabilidad y temor.

El gobierno Federal, alimenta esas acciones, con determinaciones como la del Secretario de Educación Pública, que suspende indefinidamente la evaluación magisterial, constitucional y legalmente contemplada, con lo cual se ha privado al pueblo de México del derecho humano a una educación de calidad, porque se nulifica ese objetivo Constitucional. No obstante haberse cumplido esa exigencia, se continúa ofendiendo a la comunidad de Oaxaca,con actos tales como la suspensión del suministro de gasolina, impedir el acceso al aeropuerto, a las vialidades, agresiones a su patrimonio e integridad personal y el derecho a votar, sin que ninguna autoridad proteja y garantice su ejercicio.

Los roces con los transportistas ya empezaron a manifestarse, lo que está llevando a la colectividad en Oaxaca a recurrir a la justicia por propia mano, que es un riesgo que puede tornarse incontrolable, por eso es necesario difundir y utilizar aquellos criterios que se están construyendo para defender los derechos de manera efectiva y reclamarlo en lo individual o colectivamente, a fin de que la respuesta, sea institucional yjurisdiccionalmente legitimada con un mandato que obligue a las autoridades de los tres niveles ejercer sus facultades para, tutelar, proteger y garantizar esos derechos.

Como quiera que se vea, el conflicto ha dañado el derecho a la educación en Oaxaca, desde hace más de veinte años, con los resultados negativos conocidos y colateralmente otros como los ya señalados; por ello, continuó el tema del interés legítimo como básico para que los oaxaqueños empecemos a intentar impugnaciones de orden constitucional que impongan a la autoridadproceder a preservarlos y fincar laresponsabilidad, por la omisión en que están incurriendo que, además les impone reparar el daño causado por ese motivo.

La educación como derecho humano, en la resolución de la Corte a que me referí en el artículo pasado, señala que: "… es un derecho social contenido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "que el derecho a la educación se entiende como una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la formación, la instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas, a partir de la adquisición de conocimientos que fomenten el amor a la patria, la solidaridad, la independencia, la justicia, la paz, la democracia y el respeto a la dignidad humana, partiendo del aprendizaje de valores y derechos humanos, previstos en los programas oficiales establecidos o autorizados por el Estado, de conformidad con las normas jurídicas vigentes, a fin de contribuir al desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad."

Agrega la Corte que: "...la importancia esencial de la educación como derecho humano, deriva de su consideración como elemento principal en la formación de la personalidad de cada individuo, como parte integrante y elemental de la sociedad en la que se encuentra y desarrolla, de tal manera que, si la sociedad como base del Estado se conforma por individuos, es evidente que la educación que éstos reciban constituye un elemento esencial para su formación."

La importancia de estos argumentos, es que en el caso de Oaxaca, cuyo eje de las violaciones graves a la educaciónderecho humano, trasciende a otros de la misma jerarquía; ello  actualiza un contexto igual al del 2006 que constriñe, no solo a una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino de la interposición de juicios de amparo para obtener la protección federal, que tendría como efecto el que la autoridad observeél deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la leyes del país que priorizan la tutela y protección de los derechos humanos.

Una consideración relevante que hace la Corte es que la Carta Fundamental, contempla un amplio catálogo de Derechos Humanos que, como tales genera obligaciones positivas y negativas para autoridades y gobernados, encaminados a que se ejerzan con plenitud y de manera equilibrada por los miembros de la comunidad, de manera tal que no se colisionen entre sí y en caso de conflicto ocurrir a los tribunales.

Ese marco constitucional de los Derechos Humanos, esta incumplido en Oaxaca. No es respetado por el magisterio cuando acciona para exigir y obstaculizar la vida de la población, estamos en presencia del abuso y violación de ese entorno jurídico, por parte de ese ente de poder de facto; la autoridad por su parte ha sido omisa, en este caso comparten la responsabilidad de no hacer lo que la ley les mandata y causar con ello un daño palpable a una población hasta hoy, paciente y prudente.

En este entorno de inestabilidad e ingobernabilidad en Oaxaca, es imperativo que la sociedad y sus sectores iniciemos una serie de acciones jurídicas, para que, a través del juicio de amparo, con el sustento del interés legítimo que a todos asiste, se imponga a la autoridad institucional y a los poderes de facto, el que procedan a respetar los derechos humanos de los oaxaqueños, partiendo del de educación, con ello se cumplirá la parte de la responsabilidad que nos corresponde ejercer para restablecer condiciones objetivas que nos acerquen a un Estado Democrático de Derecho y nos aleje de los mensajes vacuos que día a día difunde el gobierno, pretendiendo ocultar el estado real de las cosas.

Las organizaciones de taxistas, transportistas del servicio público, cámaras empresariales, organismos civiles de los derechos humanos y ciudadanos, debemos responder a la violencia y el desorden que causan, el magisterio y la omisión de la autoridad local y federal, con el uso de las medidas institucionales que hoy nos permiten impulsar acciones que preserven el acatamiento de los derechos humanos de todas las personas y la preservación de una sociedad organizada como estado democrático de derecho, contamos con el juicio de amparo y la responsabilidad patrimonial del estado por el deficiente ejercicio de las facultades de los gobernantes, esa será la expresión de una efectiva participación ciudadana para la toma de decisiones sobre políticas públicas que hoy, son solo papel y palabras.

Jfranco_jimé[email protected]