Ahora que el jefe de gobierno del Distrito Federal abrió la polémica sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo de 67 a 80 pesos diarios, y sus detractores han salido a dar lecciones de economía bajo el argumento de que los mínimos no pueden elevarse por decreto, sino en función de la productividad, so pena de desencadenar inflación y desempleo, bien valdría la pena insistir en la conveniencia de transparentar y fijar topes a los sueldos, dietas y emolumentos de la alta burocracia mexicana.

Es absurdo que la tecnocracia nacional se desgarre las vestiduras ante la propuesta de elevar el salario mínimo, que dependiendo del área geográfica varía de 63.77 a 67.29 pesos diarios, y en cambio guarde un cómplice y ominoso silencio sobre los bonos y compensaciones de despedida —hasta por un millón de pesos—que los diputados federales quieren pagarse en 2015.

Así como es importante subir el piso de los minisalarios, es urgente bajar y transparentar los millonarios recursos asignados a los grupos o fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión por concepto de bonos y asignaciones especiales o extraordinarias.

Por qué el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; los dirigentes empresariales y diferentes intelectuales y académicos ponen el grito en el cielo ante la iniciativa de elevar de 67 a 80 pesos el salario mínimo, y se hacen como el Tío Lolo ante los excesos y abusos de la burocracia dorada en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Los ingresos mensuales de un diputado federal, sin incluir bonos, vales de gasolina y alimentos, tarjetas IAVE, vuelos de avión, viajes y viáticos en el extranjero, ascienden a 148 mil 558 pesos, es decir, a 73.9 salarios mínimos mensuales.

El gobernador del Banco de México gana el equivalente a 175 salarios mínimos al mes, y el secretario de Hacienda alrededor de 72 minisalarios.

En contraste, poco más de 21 millones de mexicanos, de los 59 millones que integran la población económicamente activa, perciben entre 1 y 2 salarios mínimos, y 7 millones 375 mil apenas un minisalario.

Para resolver de fondo el problema de la desigualdad no hay duda que México debe incrementar su productividad y generar más y mejores empleos, pero también que el Estado debe intervenir y convertirse en un agente protector de los menos favorecidos económicamente.

El mercado por sí mismo no va a resolver el problema de la desigualdad, ni a contribuir a que los mínimos recuperen su poder adquisitivo. El Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá ya cumplió 20 años y el salario mínimo alcanza cada vez para menos.

Según el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo es tan severo que hoy sólo representa el 25.2% del valor real que tenía en 1976.

En otras palabras: si el salario mínimo no hubiera perdido su capacidad de compra éste tendría que ser hoy de 10 mil 800 pesos mensuales, y no 2,400 como propone el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

De ahí la importancia de que el Estado se involucre en el tema de manera decisiva en dos vertientes: subiendo el piso de los minisalarios, y bajando el techo de los sueldos y compensaciones de la alta burocracia gubernamental.

Si ya se había dicho que nadie en el sector público podía ganar más que el presidente de la República, es momento de hacer realidad ese compromiso, y de garantizar que ningún servidor público del Estado mexicano perciba más de 208 mil pesos de sueldo mensual neto.

Dicha suma equivale a más o menos 103 salarios mínimos vigentes. Ese tendría que ser el techo, en un Estado republicano.

Ahora pongámonos de acuerdo en el piso.

***

Correos: [email protected] y [email protected]

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ