Aunque todavía no existe una definición sobre el número de firmas o adhesiones ciudadanas que los aspirantes a convertirse en candidatos independientes deben reunir para poder participar en una elección, la partidocracia mexicana pretende que este requisito sea de por lo menos el 3 por ciento del padrón electoral.

Dicho porcentaje se aprobó ayer en Puebla, en el marco de una nueva reforma al Código electoral del estado para regular las candidaturas independientes. Y en otras entidades, que ya también ajustaron su legislación electoral a las reformas constitucionales, el porcentaje aprobado es similar.
¿Qué tanto representa el 3 por ciento?

A nivel nacional este porcentaje equivaldría, considerando un padrón de más o menos 80 millones de votantes, a 2 millones 400 mil electores.

La cifra no es nada despreciable, sobre todo a la luz de los resultados de la última elección presidencial de 2012, pues supera las votaciones que, por separado, obtuvieron partidos como el Verde Ecologista, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

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Ese porcentaje representa más del doble de los sufragios que Nueva Alianza pudo cosechar en 2012 con Gabriel Quadri, y 2.5 veces las votaciones del PVEM y de MC, y eso que ambos postularon, bajo la fórmula de la coalición con otros partidos, a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.

Condicionar el registro de un candidato independiente a cumplir con una cuota mínima del 3 por ciento de firmas del padrón electoral, más que un requisito de participación y elegibilidad, parece un candado legal contras las candidaturas independientes.

Veamos ahora el panorama en Puebla.

Si algún ciudadano quisiera participar en las elecciones para gobernador del estado de 2016, sin la intervención y respaldo de un partido político, requeriría —en números redondos— de la adhesión de cuando menos 127 mil 500 ciudadanos con su nombre, domicilio, clave de elector y firma autógrafa, considerando que la entidad tiene un padrón de 4 millones 250 mil electores.

Tal cantidad equivale a la mitad de los votos captados por José Antonio Gali Fayad en el municipio de Puebla durante las elecciones de julio de 2013. Su candidatura, vale la pena recordarlo, fue apoyada por el PAN, el PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, bajo las siglas de la Coalición Puebla Unida, así como por Movimiento Ciudadano y el partido estatal Pacto Social de Integración bajo la figura de candidatura común.

O, si se prefiere el comparativo, a más de una octava parte de la votación obtenida por el hoy gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en 2010, cuando le ganó las elecciones a Javier López Zavala, al computar más de 1 millón 111 mil sufragios.

¿Qué ciudadano que quiera registrarse como candidato independiente a la gubernatura de Puebla en 2016 o 2018 puede ser capaz de reunir más de 127 mil 500 firmas en menos de un mes, con todos los requisitos y formalidades legales, pero además sin recursos públicos, y sin chance de promocionarse en medios de comunicación?

¿Cómo a un candidato independiente se le pueden exigir 127 mil 500 firmas de ciudadanos, y a un partido estatal menos de 5 mil afiliados?

Tal cifra representa la mitad de los militantes del PAN en todo el país con derecho a voto en las elecciones internas de este partido del domingo 18 de mayo, o 9.4 veces el padrón de este partido en Puebla.

Con esos candados legales las candidaturas independientes no tienen ningún futuro, con todo y que en el ámbito nacional y local se presuma que éstas representan un avance democrático a favor de la participación ciudadana.

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