Horas antes del sismo del martes 23, una tragedia ensombreció a San Mateo del Mar, donde se cometió una masacre que privó de la vida a 15 personas de la comunidad ikoot, entre ellas dos mujeres, más una veintena de heridos. Esto fue la continuación de un choque producido el 3 de mayo que costó la vida al agente suplente de Huazantlán y dejó tres lesionados, hecho que no preocupó mucho a las autoridades estatales para evitar que escalara la violencia.

Para el doctor Alejandro Castaneira Yee Ben, experimentado antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien conoce la zona, hay una guerra contra el pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones que es la asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas en la figura del Alcalde Único Constitucional. Esto es difícil que lo comprendan las burocracias políticas, insensibles, omisas.

La Fiscalía tiene el reto de hallar a los autores materiales e intelectuales de los homicidios y que no quede una pizca de impunidad. Sin embargo, puede suceder que, como en Fuenteovejuna, todos, y al mismo tiempo nadie, resulten culpables.

Los que defienden el sistema normativo interno de San Mateo, han señalado a personajes externos a la comunidad quienes, por su influencia política y poder económico, han trastocado la convivencia comunitaria. Se debiera buscar a responsables políticos, también,  entre autoridades gubernamentales que no asumen su tarea de pacificación y diálogo. Y las electorales, que les niegan la forma tradicional de elección en asamblea, por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias, y se la han cambiado por una competencia entre planillas en los dos relevos municipales recientes.

Una semana después de los hechos lamentables, autoridades estatales de primer nivel brillan por su ausencia en San Mateo, salvo el envío de fuerzas policiacas que pronto los abandonarán de nuevo. Es parte de la discriminación hacia este pueblo, pues los muertos no parecen tener el mismo valor para los órganos del Estado.

El problema está relacionado, también, con el rechazo a la instalación de proyectos eólicos en su territorio, decidido con otros pueblos vecinos durante el 2012. Y todavía San Mateo tiene enfrente un conflicto territorial con sus iguales de Santa María del Mar, que hasta la fecha permanecen incomunicados vía terrestre.

En octubre pasado, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana avaló la elección donde resultó electo Bernardino Ponce Hinojosa, quien tuvo que irse a despachar a la localidad de Reforma, pues lo acusan de carecer de legitimidad como su antecesor que también fue impuesto, en 2017,  con acusaciones de fraude con violencia. Además, la lucha por el presupuesto municipal ha seguido enfrentando a las agencias y colonias con la cabecera municipal.

Lo que pasó entre el 21 y 22 de junio no se ha esclarecido cabalmente. Cada grupo da su versión. Se habla de un primer ataque, con seis lesionados, en La Reforma, cuando habitantes de las colonias Cuauhtémoc, Juárez y de San Mateo, se dirigían, en caravana motorizada, a Huazantlán del Río, a celebrar una asamblea deliberativa. Ya en esta localidad, se produce el segundo choque, llevando la peor parte, la gente del munícipe, quienes tenían en su poder la sede de la Agencia. Seguidores de Ponce Hinojosa acusan la presencia de gente del crimen organizado. De muy poco valió la presencia de efectivos de la Guardia Nacional que en medio del zafarrancho, se retiraron, según denuncias.

La violencia, dice el investigador del CIESAS, fue la explosión de una olla de presión que estaba a punto de reventar. A la distancia, es difícil escudriñar los misterios que mueven a la comunidad ikoot, donde hay resistencia a ceder su territorio, a cambiar su ancestral forma de gobierno y su forma de vida. Son dos mundos opuestos que seguirán chocando si ningún poder estatal asume la responsabilidad de atenderlo con eficacia. Los dejan a su suerte para que se perpetúen los odios, las venganzas.

Familiares de las víctimas que fueron incineradas y lapidadas, claman justicia. Pero San Mateo del Mar arrastra desde hace tiempo un desdén ancestral que, como dice la Diócesis de Tehuantepec, les priva a sus habitantes de disfrutar de sus derechos humanos, de la vida en condiciones de paz, de su integridad y seguridad que constantemente son violados como pueblo indígena. Y de su derecho inalienable a gobernarse por sí mismos.

@ernestoreyes14