La guardia nacional inicia sus actividades formalmente se anuncia, con setenta y cuatro mil hombres, de los cuales un buen número será desplegado en las zonas fronterizas con la finalidad de satisfacer, dentro del plazo fijado, las inquietudes del gobierno de los Estado Unidos, adicionalmente se implementa su actuación oficial en diversas entidades de la República incluyendo Oaxaca que día a día exige mayor atención respecto de los actos que incrementan la inseguridad sin que se hayan notado acciones eficaces por parte de los tres niveles de gobierno, al menos en la ciudad de Oaxaca, que desincentiven ese fenómeno.

El Gobernador Alejandro Murat implemento dos cambios en el aparato de seguridad pública que se espera respondan a la necesidad creciente de una sociedad amenazada y enmarcada en las cotidianas noticias de las ejecuciones, robos  o hechos violentes, al parecer incontrolables, reproducidos en un contexto de la acostumbrada impunidad que los alienta y desborda, que estimulan a su vez, la especulación del origen y causas de esos movimientos radicales que nos han puesto en los reflectores nacionales con la difusión de un video que muestra a los agresores armados y disparando.

Los movimientos tradicionales contendientes, por una parte, el que encabeza la CTM ahora denominado Catem y por la otra, los miembros del sindicato libertad, cuya aparente disputa son la contratación de obras. Estas agrupaciones comprenden taxistas, transportistas, moto taxis y todo género de actividades en buen número permisionadas por el  estado, digo aparente porqué estos entes sindicales se han formado o consolidado a través de apoyos políticos de las corrientes imperantes, amén de la incorporación de otras actividades poco lícitas que la autoridad federal, local y municipal parecen desconocer.

Esa situación desde luego justifica los cambios de dos mandos, el de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Secretario de Seguridad por servidores públicos con experiencia tanto en las cuestiones de investigación como de inteligencia tan necesario para advertir y prevenir eventos que pongan a riesgo a la colectividad, al menos eso se espera, de acuerdo a las aptitudes que caracterizan a  las actividades que venían desempeñando y que seguramente propician que conozcan las condiciones prevalecientes en el Estado y en la Ciudad de Oaxaca.

El asunto de la descomposición en el rubro de seguridad pública es de orden nacional, cuyas causas son múltiples e intervienen factores como el político, económico, corrupción y convivencia con los entes delictivos organizados tanto en el nivel oficial como quizás en otros que se han sido penetrados bajo formas por demás ingeniosas, como lo es el rubro de inversiones a las que llegan recursos de procedencia dudosa pero que se cubren bajo maniobras técnicas que dificultan su investigación para efectos de combatirlas.

En ese sentido me parece que la incorporación de la Guardia Nacional a las tareas de combate a la inseguridad es una opción viable, aunque criticable por su conformación y control militarizado, que seguirá siendo uno de los aspectos que pueden provocar violaciones graves a los derechos humanos derivados de la disciplina castrense; sin embargo, esos riesgos se mitigaran sí en la operatividad de ese cuerpo se seguridad se perciben a corto y mediano plazo que disminuyen las agresiones a la ciudadanía por hechos violentos que incluyan en Oaxaca actos como los que acaban de suceder en Viguera y a su vez el chantaje i delincuencia inserta en las organizaciones sindicales.

La intervención de la Guardia Nacional, equivalente a una policía nacional de alcanzar resultados óptimos debe trascender a los sistemas de procuración, administración de justicia, centros de reclusión penitenciaria, así como a las corporaciones policiacas de las entidades y ayuntamientos, pues el modelo federal implicara que estas últimas no se queden en el rezago como hoy se evidencia, no solo en materia de seguridad, sino de corrupción vinculadas a la falta de condiciones dignas, tanto de orden social. económico, suficiencia de elementos y profesionalización para desarrollar responsablemente su misión.

Este tema nuevamente se relaciona con lo que cada sexenio de señala desde hace tiempo, como consecuencia de que como la afirmó Gertz Manero, actual fiscal de la Nación, “En México no existe un adecuado sistema de seguridad por una razón sencilla: los procuradores, han sido verdugos al servicio del poder” Este diagnostico lo hizo cuando fue Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Vicente Fox, agregando que: “_los que deciden a quien se persigue, a quienes no, cuando se les persigue, quien puede tener impunidad y quien no, lo que ha derivado hacia la inmoralidad y hacia la impunidad”. (Policía Nacional Investigadora del delito. Jesus Martínez Garnelo. Editorial Porrúa).

En la obra citada se detalla con precisión un diagnostico de la situación prevaleciente en México respecto a los componentes de la seguridad pública, pero desde luego, se advierte que se ha avanzado en algunas de las propuestas que se hicieron por Gertz Manero.  Se detallan como propuestas para “alcanzar una sociedad segura: el establecimiento de un solo código penal y uno solo de procedimientos penales para todo el país. Así como agrupar en solo órgano ejecutivo, a nivel federal y estatal, las funciones de la policía nacional, una fiscalía general…un nuevo órgano de readaptación social, y una auténtica funcionalidad para el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Se formalizado algunos de esos puntos como son el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía General, Readaptación Social, y ahora la Guardia Nacional que agrupo a la Federal con un órgano ejecutivo, avances que no han trascendido con la misma intensidad a los Estado y Municipios y ello provoca precisamente la disfuncionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues las condiciones de inseguridad no han sido atacadas bajo una estrategia sistemática y eficaz al carecer de uniformidad, de manera tal que en un momento dado las policías, ahora será la Guardia Nacional, la que tenga que imprimir acciones que impliquen igualdad de trato institucional a los estados y municipios.

Se avanza en la formalidad pero en el contenido que se traduzca en acciones se advierte un objetivo déficit de políticas que en ese rubro, cubran a una población que vive cotidianamente atemorizada frente a las agresiones a la vida, integridad física y patrimonial; esperemos que la guardia nacional colme en parte ese vacío.

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