Los habitantes de la Republica Mexicano vivimos una etapa compleja de hechos políticos y sociales que nos avasallan, nos distraen y nos insertan en el amplio espectro de la influencia mediática de la información y de opinión que estimula la confusión y contradicción propias de una sociedad inserta en la pluralidad de las tendencias que, a través del poder y los diversos aparatos institucionales y fácticos de dominación,  la modelan y acomodan a sus intereses orientando, en conjunto, el ejerció de cada sexenio de gobierno en México, como de manera objetiva lo apreciamos día a día. 

En ese contexto de desconcierto transita en paralelo  la corrupción en todos los niveles de gobierno en los que servidores públicos de todos los rangos están siendo expuestos con amplitud mediante la difusión de los escandalosos actos de latrocinio que vienen realizando y que sobresalen y se magnifican en estos tiempos electorales, como sucede con los ex gobernadores  de Veracruz, Chihuahua, Quintan Roo y Tamaulipas; en Oaxaca algunos de primer nivel como son las recientes aprehensiones de ex servidores públicos de Salud y se pronostica que hay otros en cartera.   

Con independencia del impacto que todos esos hechos tienen sobre los sectores sociales de la población, resalta un estado de desajuste de la actividad de los servidores públicos en el ejercicio de las facultades que la Constitución o la ley les encomiendan temporalmente para que las pongan en movimiento en nombre del gobierno a través de la dependencia o entidad correspondiente ya que la estructura pública formalmente está diseñada para servir pueblo. Sin embargo, se experimenta lo contrario con los eventos que no solo implican actos de abuso del poder, sino que causan irritación en la ciudadanía. 

La organización de las instituciones nacionales son el esqueleto del Sistema Mexicano constituido en una Republica Representativa, Democrática, Laica y Federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. Para que esta estructura funcione requiere de los servidores públicos que se integran en los gobiernos federal, de las entidades y municipios, para que materialicen el quehacer que le detalla el orden jurídico mexicano, mismas que fijan los límites y condiciones de los actos de gobierno. 

Se presupone que todo este aparato legal manejado por servidores públicos, unos electos y otros por nombramiento directo tienen una ruta de la que no deben apartarse cuando actúan en nombre de cualquiera de los tres gobiernos pues sólo pueden hacer lo que la ley les ordena y no hacer lo prohibido o no previsto en una disposición legislativa, de esta manera, los actos de las autoridades se controlan por la certeza jurídica con el fin de evitar el abuso del poder que comprende diversas conductas ajenas al servicio público. 

Lo ideal, constitucional, legal e institucional del sistema mexicano de gobierno me parece, que, en su evolución, se contaminó convirtiéndose en un virus que se ha diseminado en la estructura institucional, de manera tal, que hoy los hechos objetivamente demuestran que dejó de ser un gobierno democrático y de representación legítima del pueblo mutando a una Republica que funciona de facto de acuerdo a las reglas no escritas de la corrupción y abuso del poder. 

Los ejemplos de esta realidad son Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, diversos municipios y, en el orden federal, en los Congresos de las Entidades y algunos casos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de la administración centralizada del gobierno federal. La corrupción y abuso del poder se han incorporado al sistema de gobierno en los tres niveles convirtiéndose en lo que se conoce como la Constitución real del orden jurídico nacional, es decir la que se aplica de hecho bajo la apariencia formal de un estado de derecho. 

Por este motivo, el poder legislativo impulsado por las fuerzas sociales se abocó ahora a instrumentar un sistema paralelo de "anticorrupción" para hacer retornar, a las instituciones y sus representantes, a su cauce la legalidad y consecuentemente a un ejercicio del poder sujeto al orden jurídico que incluye de alguna manera a los particulares que no son servidores públicos pero que fungen como prestanombres y copartícipes de esos actos, como ocurre en Oaxaca y en otras entidades; al menos esa es la buena intención de la legislación. 

Es necesario conocer algunos elementos de la Ley General del Sistema Anticorrupción que tiene esa característica al obligar que dentro del marco de competencias que define las entidades cuenten con su propia ley, Define como objeto de la misma reglamentar el ejercicio eficaz de la prevención, detección, investigación, combate, sanción y erradicación de la corrupción, mediante la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional anticorrupción, la distribución de competencias y la disposición de las bases de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

 Como se puede apreciar el sistema mexicano no ha podido adecuar el quehacer de los funcionarios con el orden jurídico y ha tenido que implementar a través del tiempo una serie de reformas constitucionales y legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, como son las contralorías, las auditorias superiores y ahora se crea un ente complejo que integraran de acuerdo al nivel de gobierno, las auditorias superiores, las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, secretarías especializadas de los ejecutivos, los presidentes de tribunales de justicia administrativa, el INAI, representantes de los consejos de la judicatura, Comités Ciudadanos, órganos internos de los organismos autónomos. 

Como quiera que sea es notable observar que el sistema se sustenta en un organismo de múltiple composición que seguirá controlado políticamente por los propios servidores públicos a pesar de la autonomía, personalidad y presupuesto propio que se le otorgue pues ello no garantiza que sean efectivas a pesar del expansivo afán legislativo que se desplegó a partir de la famosa frase de la renovación moral de la sociedad que ha tenido efectos contrarios al motivar la degradación moral en el ejercicio de lo público. 

Como podemos comprobar en nuestro país, la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción, no es más que un reconocimiento a la existencia de un Sistema Nacional de Corrupción lo que me trae a la mente la obra del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo sobre las Comisiones de los Derechos Humanos, denominada “El Estado contra sí mismo” que refleja la contradicción entre el deber ser y el ser. 

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