El derecho a la salud en Oaxaca, prioridad relegada. El negocio del transporte

  • Jorge E. Franco Jiménez

Nuestro Estado y su población se encuentran en la difícil situación de un Gobierno que dice no tener recursos para atender necesidades sociales, como la salud, pues la dependencia a cargo de ello funciona como membrete oficial al no tener  la capacidad para cumplir a cabalidad su misión esencial, proporcionar el acceso al derecho a la salud a los Oaxaqueños garantizado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y por el contrario  destina fondos públicos para obras y servicios que si bien son de su ámbito no son prioritarias en una comunidad con un alto índice de pobreza que requiere de atención médica, medicamentos, laboratorios equipados misma que está impedida de recibirlos en instituciones privadas y recurre a los servicios del hospital civil.

Esta lamentable actitud oficial, responde a la implementación de obras y servicios que de una u otra manera generan recursos para todos los involucrados en ello recibiendo los beneficios de esos fondos que, en esos casos, fluyen con prontitud y sin obstáculos. Estas decisiones se confrontan con casos concretos y objetivos, como el de una menor de quince años afectada de un mal canceroso en una de sus piernas que tratada inicialmente mejoro, pero como sucede con este mal, al no proporcionarle el seguimiento correspondiente reincidió, lo que motivo que tuviera que retornar al hospital civil, pues su familia carece del dinero que se necesita para ello,  el personal del nosocomio les indicó que no podía atendérsele porque era una paciente que había recaído y la atención y medicamentos eran para los pacientes primarios.

La niña necesitaba de una serie de estudios propios de ese padecimiento, como son biopsias, tomografía, operación y medicamentos para sujetarla a quimioterapia posterior a la cirugía para extirparle la parte afectada de la pierna; después de un difícil peregrinar de la menor y  sus padres en la búsqueda de atención especializada, se logró que en un hospital público diverso al civil, se le atendiera y se le proporcionaran las dosis del medicamento que requería; fue operada y se le extirpo la mayor parte del miembro invadido; el sistema de salud local proporciono una dosis de las cuatro que requería porque eran muy caras y no tenían recursos para comprar las otras tres que se necesitaban, lo que se logró con  el soporte de una institución de beneficencia. Lo triste es que otro menor enfrentó el mismo problema y fue rechazado por ser paciente que había recaído.

El pretexto es que los que padecen cáncer solo pueden ser atendidos por una sola vez en el hospital civil dijeron los encargados porque al recaer ocupan los medicamentos y espacios que necesitan los que son enfermos primarios; política de salud pública de increíble aplicación en la época de la tutela y protección de los derechos humanos y especialmente de los niños. Este esquema contrasta con el interés de destinar recursos para lo que deja ganancias y prebendas usuales en una estructura que de esta manera practica la corrupción, desatendiendo las que son básicas en una sociedad organizada.

Esto lo comparé con el costo determinado en el programa denominado sistema integrado de transporte que se cita fue presentado a los vecinos de la Colonia Ex Marquesado, para construir y equipar una ruta que comprende de Viguera a Xoxocotlan (metrobus) que incluye la compra de unidades que se denominan prototipo, de 35 asientos, ochenta pasajeros, elevador de sillas  de rueda para personas discapacitadas. La información contiene un apartado denominado Inversión Pública que tiene un componente en millones de pesos por los siguientes conceptos: infraestructura urbana requerida, costo $549,000,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones de pesos 00/100 m.n.); renovación de Parque Vehicular $125,000,00.00 (ciento veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.) que hace un total de seiscientos setenta y cuatro millones de pesos que tiene como fuente de financiamiento Fonadin, Presupuesto de egresos de la federación RG23, Gobierno del Estado de Oaxaca.

Esta obra me parece que para el Estado como no es prioritaria.  Oaxaca necesita de recursos para rubros como el de la salud a que hago referencia, esencialmente médicos, medicinas y laboratorios al servicio de las clases más desprotegidas, las carecen de lo elemental como es una vivienda digna, trabajo, sustento y atención a ese derecho humano, como ocurre en algunos pueblos y en esta ciudad y municipios conurbados. Estas situaciones que se presentan en todo el territorio de nuestra entidad parecen no preocupar ni ocupar a las autoridades que se concretan a señalar que no se cuenta con presupuesto suficiente para atender las carencias esenciales de subsistencia del pueblo en salud.

Las obras del programa mencionado y la adquisición de las unidades en este momento no son necesarias en una zona conurbada como para la que está diseñada porque lo que tenemos actualmente es un exceso de servicio de transporte de pasajeros, en autobuses, camionetas y taxis, como se aprecia cotidianamente en los cruceros de esta ciudad, a ello se pretende adicionar otro factor más de unidades que lo único que ya provocó es la protesta de los actuales prestadores de ese servicio que ven un factor de competencia desleal innecesario, que causara mayor congestionamiento y que no es urgente en el orden general colectivo. El transporte público necesita medidas de racionalidad en los servicios y rutas, no de incremento.

Un especialista que conoce los alcances de la obra me indica que los constructores no están observando los lineamientos técnicos que publicita el programa, por el contrario, se corre el peligro que las banquetas queden a una altura menor de la ruta que deban seguir el servicio lo que provocara que en tiempo de lluvias se desborde el agua y cause mayores problemas que impliquen romper, como es usual, lo ya hecho para evitar que se presente este inconveniente de la inundación de calles en la zona de división oriente y en otras, amén de que las imágenes que refleja el programa no corresponden a lo que materialmente se construye, agrega que de acuerdo a lo conocido, la obra cuesta la mitad de lo señalado.

Los conveniente para disipar dudas sería que el Titular y Sub Secretario de Administración de Gobierno del Estado informaran quien tiene a cargo la obra, el control de los recursos, la vigilancia de la inversión y cumplimiento de los aspectos técnicos de la misma; que empresa se hará cargo de la administración del servicio de unidades, quien las comprara, como se cubrirá el financiamiento los costos por concepto de la obra y que es lo que comprende la infraestructura urbana. Recordemos el proyecto del Centro de Convenciones.

La descripción de esta situación objetiva como parte de la política de administración del Gobierno del Estado, la hago con el fin de hacer patente la disparidad de un ejercicio de gobierno que privilegia el asunto de lo que produce ganancias para todos los involucrados en estas obras y servicios, mientras el grueso del pueblo que carece de recursos y los niños, no tienen acceso pleno a su derecho a la salud porque su tratamiento de quimioterapia, como en el caso de la niña afectada que tiene un costo inicial de ciento sesenta mil pesos que salud oficial no tiene, pero el gobierno contradictoriamente invierte millones de pesos en un servicio no urgente pero si lucrativo. Este es un asunto que debe ocupar la atención de los que buscan gobernar el Estado; si alguno de ellos quiere conoce a la niña que hoy carece de una pierna, cuyos padres se preocupan por los costos que implica seguir el tratamiento, pueden dirigirse a la dirección que se pone en esta aportación para que la visiten y la conozcan por lo menos.

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