De entre todos los destacamentos antorchistas del país, el de Oaxaca se ha distinguido siempre por ser de los que más se empeñan en mantener una relación normal, respetuosa y apegada a los marcos legal e institucional, con los gobernantes y funcionarios de ese estado, privilegiando el diálogo y la negociación equilibrada y sensata para lograr la solución a las demandas de sus agremiados. Sin renunciar nunca a sus peticiones cuando son justas, sin traicionar ni abandonar a la gente humilde que confía en ellos, pero echando mano más de los argumentos y perseverancia que de los gritos y sombrerazos, los antorchistas oaxaqueños, dirigidos por el Ing. Gabriel Hernández García y su Comité Estatal, han logrado construir una fuerza política grande y firme, consolidada y enraizada en el ánimo popular; han demostrado, así, que no es inútil atenerse a la definición bíblica: ser “lento en ira y grande en perdonar”. En su ya larga historia, sólo en dos ocasiones han tenido que apartarse de su método de lucha, ninguna de las cuales, por cierto, ha sido culpa suya, sino de los gobernantes y funcionarios que han confundido su bonhomía, paciencia y racionalidad, con estulticia, cobardía o impotencia. La primera de ellas ocurrió en el último año del Lic. Ulises Ruiz, la segunda está ocurriendo precisamente ahora, en estos días, bajo el gobierno del Lic. Gabino Cué Monteagudo, un gobernador salido, por cierto, de un movimiento que se publicitó en su momento como profundamente democrático, identificado con las causas populares y decidido a encabezar un cambio radical en Oaxaca para limpiar todo el lodo acumulado “en tantos años de dominio priista” y conducir al estado hacia un futuro mejor.

No es mi intención hacer un balance general de la actuación del gobernador Gabino Cué; tampoco repasar a detalle las causas que provocaron el conflicto con el priista Ulises Ruiz, y ni siquiera precisar cómo se ha ido gestando el conflicto con el gobierno actual; me limitaré, por ahora, a señalar sumariamente lo que sigue. De poco más de 80 obras con proyectos elaborados por los solicitantes, revisados con lupa una y otra vez por las dependencias encargadas de realizarlos y, finalmente, aprobados y aparentemente fondeados para su ejecución, no sin antes exigir muchos otros requisitos formales más a los beneficiarios, todo esto en y para el año 2013, resulta que al día de hoy no se ha iniciado ninguna, absolutamente ninguna de tales obras. Y la opinión pública debe saber, además, que en las múltiples negociaciones y “mesas de trabajo” que se han celebrado en torno al problema, los señores funcionarios, luego de inventar desganados pretextos burocráticos, increíbles por absurdos, terminan confesando paladinamente que “la verdad es que no se han iniciado las obras porque no se les han asignado los recursos correspondientes”. Y peor aún: como consecuencia de esto, los mismos funcionarios se niegan a discutir el pliego de demandas correspondiente a este año de 2014, con el obvio pero inaceptable argumento de que “no tiene caso discutir nuevas demandas cuando no se ha podido cumplir siquiera con las anteriores”. O sea, que los platos rotos los pagarán, como siempre, las víctimas del desaguisado, pues ahora resulta que no hay, siquiera, la esperanza remota de que algún día serán atendidas sus peticiones.

Sin embargo, pese a la gravedad de todo esto, no fue lo que colmó la paciencia del antorchismo oaxaqueño. Lo que finalmente los sacó de su acostumbrada parsimonia y los lanzó a la calle, es un suceso que tiene que ver con el conflicto agrario que sostienen los pueblos de Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, del que hemos hablado detalladamente en ocasiones anteriores y del que, por eso, no repetiremos hoy los macabros detalles de los crímenes que un pequeño grupo de pistoleros de Mixtepec ha venido cometiendo contra los indígenas de Yosoñama, a ciencia y paciencia del gobernador del estado. Iré directamente al grano: se trata de la emboscada que los pistoleros de Mixtepec perpetraron contra una camioneta del transporte público con once pasajeros a bordo, entre hombres, mujeres y niños, que se dirigían al tianguis de Tlaxiaco, el día 14 de diciembre de 2013. Los asesinos, no contentos con masacrar a todos, le prendieron fuego al vehículo, de modo que los deudos sólo recuperaron restos calcinados y horriblemente desfigurados de sus familiares, un espectáculo dantesco y bestial si se toma en cuenta que los muertos eran todos gente ajena al conflicto y, por tanto, absolutamente inocente. El antorchismo oaxaqueño salió a la calle y a los medios a demandar justicia, pero el gobierno de Gabino Cué, hasta el día de hoy, no ha movido un solo dedo en este sentido. Esta es la razón fundamental que, sumada a las mentiras que manejan sobre sus demandas, obligó a los antorchistas a instalar un plantón frente a las oficinas del gobernador, mismo que, después de mes y medio, sigue esperando una respuesta que merezca el nombre de tal. Y hay más. En un reciente simulacro de negociación, no sólo les repitieron la burla de que “todo está ya aprobado y licitado pero no hay dinero”, sino que se mofaron, además, de los asesinatos y de la exigencia de justicia, diciendo que al señor gobernador no le toca resolver eso ni “le preocupa” la sangre derramada o que pueda derramarse en el futuro.

Urge, pues, imprimirle otra dinámica a esta lucha. Hay que llevar a cabo una, dos o más marchas realmente multitudinarias, para hacer saber a todo el estado y al país entero lo que está ocurriendo en Oaxaca; es necesario, por tanto, que el Comité Estatal ponga manos a la obra en esta tarea y que dimensione la ayuda económica y de masas que pueda necesitar, con tal de garantizar la exactitud y eficacia de la medida. Al mismo tiempo, hace falta que la Coordinadora Regional respectiva, que aglutina a Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca y que encabeza el Ing. Juan Manuel Celis Aguirre, se reúna de emergencia, planifique los pasos a seguir y calcule la ayuda que el movimiento oaxaqueño requiere para su radical reactivación. También creo necesario que la Oficina Nacional de Publicaciones, Prensa y Propaganda, se sume con la Coordinadora regional y juntos acuerden la publicidad que hace falta para sacar el conflicto del ámbito de Oaxaca y para colocarlo en la agenda nacional. Finalmente, llamo a la Comisión Nacional Campesina, que preside el Prof. Eleusis Córdova, para que intensifique sus gestiones y su presencia ante SEDATU, si es necesario con marchas y mítines también, dado que esta Secretaría, por alguna razón, se niega a tocar a la mafia de Mixtepec y se ha concretado a dar “manejo” al problema agrario mencionado. Han dejado de asistir, por ejemplo, a reuniones importantes y previamente pactadas con el gobierno de Oaxaca, y mantienen como su representante en este estado a Leonel Martínez, secuestrador convicto de nuestros compañeros y cabeza de la mafia que los ha masacrado. Así las cosas, está claro que si no elevamos fuerte nuestra voz de protesta y nuestra exigencia de una solución justa al conflicto, los muertos seguirán cayendo sin que a los poderosos eso les quite el sueño. ¡Hay que apoyar y sacudir al antorchismo oaxaqueño, y esa es tarea del antorchismo nacional y de nadie más!