A la “mafia del poder” la destronó el “poder de la mafia”.

Hoy, no podemos hablar, todavía, de un clan todopoderoso dentro del gobierno, pero sí de que los principales beneficiarios de las reformas legislativas más recientes, de las decisiones jurídicas y políticas más polémicas son el crimen organizado y grupos amafiados como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La liberación de casi todos los acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin que la autoridad se haya preocupado por hacer valer otros testimonios para impedir la excarcelación de peligrosos criminales como Gildardo López Astudillo, alias el Gil, resulta extraña.

Es difícil entender que el “celular macabro” del Gil, integrante del cártel Guerreros Unidos, con imágenes de hombres y mujeres quemados, descuartizadas o torturados no haya aportado nada para demostrar su culpabilidad en este o en otros casos.

También resulta sospechoso que sea más importante para los jilgueros del régimen seguir utilizando la tragedia para explotar perversamente la esperanza de los padres, insistir en que se trató de un crimen de Estado y acusar a los adversarios, en lugar de presentar al poderoso autor intelectual del crimen; alguien –declaró el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre– con capacidad política y económica para controlar a las policías municipales y autoridades de la región.

La Ley de Amnistía, enviada recientemente al Congreso, también pone alfombra de flores a los narcomenudistas, muleros y extorsionadores, a todo ese ejército de parias que utilizan los grandes cárteles del narcotráfico para que los brazos del crimen se extiendan y lleguen a todas partes.

Con solo decir que son pobres o que su familia los presionó, que su cónyuge o concubina los obligó, van a pisar las calles quienes viven de envenenar a niños y jóvenes, de amenazar o sembrar terror.

Y a todo esto hay que agregar las reformas a la Ley de Delincuencia Organizada, sobre la que ya hemos escrito en este mismo espacio y que parece estar más destinada a perseguir al contribuyente que al verdadero criminal.

La otra mafia beneficiada es la CNTE. El gobierno y su partido, Morena, aprobaron que los maestros no sean evaluados y los líderes vuelvan a hacer de la repartición de plazas un lucrativo negocio.

No importa que eso signifique para el país más ignorancia, pobreza y mediocridad, menos competitividad, productividad, desarrollo y progreso.

En toda esa lista de leyes aprobadas y decisiones políticas tomadas, el verdadero beneficiario es el criminal, el que mata, roba, estafa o miente.

No hay un solo incentivo a favor de la honradez o de la legalidad, de la superación o el aprendizaje, de la calidad o la excelencia ética e intelectual.

Se trata de una nueva forma de decidir y legislar que va aniquilando las instituciones democráticas y el Estado de derecho, que degrada los derechos humanos y la calidad moral.

El poder de la mafia parece tener hoy la palabra. Es como si se le escuchara e hiciera caso, como si inspirara leyes para dar forma al nuevo Estado mexicano.