La tibia y anodina resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan está en trance de convertirse en causa de frustración para quienes la promovieron, y en trofeo de impunidad para los responsables de las graves violaciones que se cometieron durante el desalojo y el posterior proceso de criminalización de los manifestantes y detenidos en ese fallido operativo del 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Es absurdo, por no decir ridículo, que el ombudsman nacional recomiende al gobernador Rafael Moreno Valle cree una Fiscalía Especial que investigue lo que —se supone— la CNDH ya investigó y para que garantice que no quedarán en la impunidad los abusos en que incurrieron jefes y elementos de seguridad pública durante el operativo y los funcionarios encargados de procurar justicia con las averiguaciones y procesos de criminalización que iniciaron en contra cuatro pobladores detenidos de Chalchihuapan.

La incoherencia de esta recomendación —la segunda de once que giró al mandatario estatal el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva— radica en dos puntos básicos: Uno, que la mentada Fiscalía Especial será creada y auspiciada por una autoridad que ideó y propagó la versión oficial que un cohetón o su onda expansiva habían provocado la muerte del menor de José Luis Tehuatlie Tamayo y no un proyectil disparado por la Policía.

Y dos, que el fiscal especial designado para el caso, José Antonio Pérez Bravo, tendrá como jefe inmediato al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a quien se supone también tendría que investigar por ser parte fundamental del montaje construido por el gobierno estatal para ocultar y encubrir a los verdaderos homicidas del menor de Chalchihuapan.

Tan es su jefe que el propio procurador Víctor Carranca fue quien el viernes le tomó la protesta de ley, como se puede observar en esta imagen difundida por la oficina de prensa del gobierno del estado, junto con comunicado que textualmente dice: “Con la toma de protesta de José Antonio Pérez Bravo, Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado de Puebla, refrenda su compromiso de actuar con objetividad, legalidad y transparencia en la investigación que se lleva a cabo”.

¿Qué imparcialidad puede tener una Fiscalía Especial creada y auspiciada por un gobierno que mintió sobre el origen de las lesiones que llevaron a la muerte a José Luis Tehuatlie y ocultó los diagnósticos de los médicos y especialistas que lo atendieron, sino que además distorsionó los hechos y contaminó el sitio donde se produjeron para criminalizar a los manifestantes y detenidos durante el desalojo?

¿Qué tanta libertad y margen de acción puede tener un fiscal como José Antonio Pérez Bravo para investigar lo ocurrido el 9 de julio, y garantizar que no gozarán de impunidad los responsables del montaje oficial que se construyó en torno al cohetón y la onda expansiva, si éste en realidad es un subordinado de uno de los que tendrían que ser investigados por el caso?

El gobernador debe ir más allá de las recomendaciones de la CNDH y refrendar en los hechos tres cuestiones fundamentales, para recuperar la credibilidad y confianza ciudadanas, y garantizar que no quedarán en la impunidad los abusos cometidos en el caso Chalchihuapan:

1. Ofrecer personalmente una disculpa institucional a las víctimas, en especial a la madre del menor muerto por un proyectil de la Policía, Elia Tamayo Montes; y asegurar, en la medida de lo posible, la reparación de los daños y la indemnización de las víctimas que resultaron con lesiones permanentes.

2. Comprometerse a no aplicar la llamada Ley Bala, para evitar sucesos como los de Chalchihuapan, hasta que los encargados de la seguridad  pública y la procuración se capaciten en materia de derechos humanos,  y se le adicionen artículos que impidan a los jefes de las instituciones policiacas el uso indebido o excesivo de la fuerza pública en contra manifestantes.

3. Garantizar que el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo gozará de autonomía y amplios márgenes de acción incluso para investigar a su jefe jerárquico inmediato, el procurador Carrancá por la criminalización de los manifestantes y los cuatro detenidos de Chalchihuapan —Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero— que inicialmente fueron acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales terminaron desvaneciéndose.

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