Oaxaca.- Alejandro de Jesús Ramírez, coordinador de Espiral por la Vida afirmó que Oaxaca tiene una agenda pendiente para avanzar en el cumplimiento integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que representan un 38% de la población, pero que afrontan la discriminación, pues el tema de sus derechos es continuamente postergado dentro de la administración pública.

Durante su participación en el conversatorio “Principios de igualdad y no discriminación en las políticas públicas municipales”, organizado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca el 9 de octubre último, Alejandro Ramírez expresó que en un estado como Oaxaca, donde se hallan 59 de los 125 municipios con mayor rezago social a nivel nacional, es necesario que las políticas públicas estén orientadas a garantizar de manera integral la protección de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sostuvo que, de acuerdo con la consulta realizada durante 2012-2013 por el Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI), 3,515 niñas, niños y adolescentes (que equivalen al 54.9% de los participantes) manifestaron que no se les toma en cuenta por el hecho de ser menores de edad.

Es decir, el principal problema de las niñas, los niños y adolescentes consultados es la discriminación, por ello la sociedad y el Estado deben transitar a un nuevo paradigma en el que las y los reconozca como sujetos de derechos, afirmó Alejandro Ramírez.

Insistió en la importancia de visibilizar los problemas que afrontan niñas, niños y adolescentes, pues de los 6,232 participantes en la consulta del FONI, 41% se sienten especialmente discriminados en la escuela, además de que un 38% considera que sus escuelas no tienen las condiciones y materiales necesarios para que ellas y ellos reciban una educación adecuada.

Ramírez resaltó la obligación del Estado de garantizar el acceso, ejercicio y goce pleno de todos los derechos a las niñas, los niños y adolescentes, colocando la agenda de los derechos de la infancia en el centro de las políticas públicas y la inversión financiera, asumiendo este proceso como un compromiso político, moral y ético.

Agregó que el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes debe ser una prioridad social, es decir, que el Estado y la sociedad se comprometan en garantizar la más amplia protección a sus derechos.

El coordinador de Espiral por la Vida propuso que, para superar el rezago social, se requiere priorizar a la infancia dentro de las políticas públicas, además de poner un especial cuidado en las niñas, los niños y adolescentes que están en situación de pobreza y marginación social.

Al concluir, señaló que el reto de las políticas públicas no sólo a nivel municipal, sino para el estado, es construir un entorno que garantice la protección integral de niñas, niños y adolescentes, comenzando con que puedan tener una identidad, alimentación y seguridad social, hasta protegerlos de las formas más extremas de violencia.