Oaxaca. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca activó un protocolo de actuación ante el traslado de 902 personas privadas de la libertad que se encontraban en el Centro de Reinserción Social de Santa María Ixcotel a otros Ceresos del estado.

El organismo defensor informó que se mantiene vigilante a fin de verificar que las acciones emprendidas de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hayan sido y sean respetuosas de los derechos humanos tal y como lo marca la ley.

Ante ello, la Defensoría abrió el expediente DDHPO/1621/(01)/OAX/2020 dentro del cual se solicitó a las corporaciones de seguridad  rindan un informe detallado sobre el procedimiento, así como que indique el  lugar de  traslado de las personas privadas de su libertad.

Además, personal de la Defensoría Especializada en Centros de Reclusión se trasladó al Penal de Tanivet para realizar entrevistas con las personas privadas de su libertad, mientras que otro equipo atiende a los familiares.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca expuso que es importante que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) proporcione información oportuna y veraz a las familias de las personas privadas de la libertad, además que busque que los canales de información permitan garantizar la seguridad de los familiares de las personas privadas de la libertad, pues no se debe olvidar los riesgos ante la pandemia por COVID-19.

Asimismo, la Defensoría pidió a la SSP la adopción de una medida cautelar para que, bajo un enfoque de derechos humanos, garantice todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que fueron trasladadas, especialmente el derecho a la salud, una vida digna, integridad personal, saneamiento e higiene y suministro de agua suficiente, salubre y aceptable.

La institución autónoma requirió dentro de la medida cautelar que en los Centros de Reinserción Social se realicen las acciones necesarias para evitar la propagación del virus SARS-CoV2  y así salvaguardar la integridad de la población de acuerdo con lo que marcan los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario.

Finalmente, la Defensoría recordó que las personas privadas de la libertad deben gozar de todos los derechos humanos reconocidos, salvo aquellos que le fueron restringidos durante el proceso de reclusión, por ello el Estado debe procurar garantizar la dignidad y derechos de las personas internas.