San Raymundo Jalpan, Oaxaca. Con el fin de evitar más abusos, como los registrados recientemente en Acatlán de Pérez Figueroa y San Pablo Huitzo, la LXIV Legislatura analiza reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca e instaurar un modelo pedagógico en Derechos Humanos para las instituciones policiales.

En una iniciativa presentada por la legisladora, Magaly López Domínguez, ante la Diputación Permanente del Congreso Local, se plantea reformar los artículos 62 y 74 del citado instrumento jurídico, para garantizar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

El punto central de la propuesta consiste en otorgar una educación de respeto a los Derechos Humanos entre el personal de las instituciones policiales, la Procuraduría e integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal o cualquier otra denominación que le otorguen las comunidades indígenas o afromexicana.

La Ley local en la materia, establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y de los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas.

Lo anterior como una respuesta del Poder Legislativo a casos recientes como el ocurrido el día 7 de mayo, donde dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la policía municipal de San Pablo Huitzo y habrían sido entregados a civiles para ser torturados, al grado de darlos por muertos. Como consecuencia, se registró el fallecimiento de Diego L. P., con lo que se integró la carpeta de investigación 14932/FVCE/ETLA/2020.

En tanto, el 9 de junio en la agencia municipal de Vicente Camalote, en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, fue privado de la vida Alexander M. G., y resultó herido Carlos R. S., presuntamente por un policía municipal. Ante los hechos, la Fiscalía de Oaxaca inició la carpeta de investigación respectiva.

En ese tenor, el Congreso Local analizará la propuesta para que se plasme en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca, la obligatoriedad de capacitar a las corporaciones estatal y municipales para reducir al máximo casos de abuso y esta actuación se apegue al principio de transversalidad del enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género e interculturalidad.