Oaxaca. En el Teatro Macedonio Alcalá de la Ciudad de Oaxaca es sede del XVII Encuentro Internacional de Derecho Ambiental.

Del 2 al 4 de Octubre, se llevará a cabo en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, la edición número 17 de este encuentro.

Jarumy Esmeralda Méndez Reyes, Subsecretaria de Normatividad Ecológica y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de Oaxaca, manifestó que este evento tiene como fin el intercambio de experiencias y conocimientos sobre los temas que conforman la agenda ambientalista del mundo

Cabe destacar, que esta actividad es organizada cada año por la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas (LIMAA), integrada por más de 700 juristas de diferentes países entre los que destacan América Latina, Sudamérica y Europa.

Al evento asistió la diputada local del Partido Verde Ecologista de México Victoria Cruz Villar, quien en entrevista celebró que, México como país miembro, aporte para fortalecer ese reconocimiento expreso que existe a nivel internacional respecto del acceso a la justicia como un derecho humano a la igualdad y seguridad jurídica, adoptando las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promueven el acceso a la justicia para todos, en especial en el tema de la justicia ambiental

La legisladora reconoció que la reforma constitucional federal del 2011 en nuestro país, al regular y proteger los derechos humanos fundamentales, en especial el señalado en el artículo 4º, en el que se reconoció el derecho a un medio ambiente sano, y que  subsecuentemente ha incorporado los principios de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada el 25 de septiembre de 2015 por todos los estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como instrumento para la lucha a favor del desarrollo humano sostenible en todo el planeta.

Lamentó que la evolución constitucional de los derechos ambientales no ha resultado suficiente para detonar un desarrollo equilibrado a nivel nacional de su defensa jurisdiccional; pese a que el artículo 4 de la Constitución federal, reconoce el derecho de todas las personas a gozar un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, mismo que tiene una concepción estrictamente individual y es omiso en establecer bajo qué mecanismos o procedimientos administrativos y judiciales el Estado garantizará ese derecho.

Por lo anterior, señaló que es propicio ensanchar el estudio del derecho ambiental mexicano, y romper el paradigma de que solo debe descansar en el modelo administrativo sustentado en la aplicación de sanciones y medidas de seguridad, que difícilmente resulten una real y efectiva defensa del medio ambiente.

En razón de lo anterior, indicó que es innegable ser omisos en relación a la situación que actualmente vive nuestro medio ambiente, por lo que, se debe realizar un reconocimiento transversal de los derechos en materia ambiental y  garantizar en forma efectiva el acceso a la justicia en asuntos ambientales, pero esto requiere de un marco de reparaciones adecuadas, rápidas y efectivas, así como de medidas de reparación como la restauración y compensación, entre otras.

“Así, en varios países de Europa y América, la obligación de recomponer el daño ambiental tiene tratamiento constitucional, basta señalar como ejemplo a  Argentina y Paraguay,  que en su  Constitución establecen que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”; en Brasil, su Constitución establece que las conductas y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetan a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de reparar el daño causado”, dijo.

Consideró que entonces el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales precisa, que los Estados garanticen que los procesos sean justos, abiertos, transparentes y equitativos, pero sobre todo que haya los instancias oficiales correspondientes, tanto administrativas como jurisdiccionales que garanticen una real y verdadera tutela efectiva en la protección de derechos ambientales.

“Aunque, las barreras más fuertes y contra las que se debe luchar desde las distintas trincheras, ya sea como autoridad o como sociedad civil, es la indiferencia y la falta de compromiso social ante los grandes problemas ambientales y su posible prevención y solución, para lo cual, creo es necesario estrechar vínculos entre la academia, las diversas autoridades y la sociedad en general, pues sólo así se logrará reducir los efectos dañinos de las actividades antropogénicas en el ambiente”, comentó.

Aseveró que  resulta de gran importancia para nuestro Estado ser sede del décimo séptimo encuentro internacional de derecho ambiental, pus es consideró que es menester impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de la justicia en la materia, reiterando la frase célebre  de José María Morelos y Pavón, constructor del Estado mexicano al señalar: "…que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario."