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Ordenamiento al transporte público, exige diputada Delfina Guzmán

Para garantizar la seguridad de los usuarios.

Oaxaca.- Para la diputada local por el distrito 22 con cabecera en Pinotepa Nacional del Partido Morena, Delfina Guzmán Díaz, es urgente para Oaxaca poner orden en el tema del transporte público.

Desde la Máxima Tribuna de Oaxaca, dijo que este problema está en todo el estado, y en especial en la región de la Costa.

Por lo anterior, exigió al gobierno del estado y a la Comisión Permanente de Movilidad y Comunicaciones y Transporte del Congreso de Oaxaca, se inicien una serie de mesas de diálogo con quienes prestan el servicio de manera irregular – no mesas de negociación-- para hacer entender de los riesgos que genera el prestar un servicio irregularmente.

La diputada y también vocera de la súper Fracción Parlamentara de Morena en la 64 Legislatura, indicó que el Artículo XXIX de la Ley  del Transporte del Estado de Oaxaca, dice que para poder prestar el servicio de transporte público, las unidades permisionarias deben de tener un seguro vigente para poder responder por siniestro, tanto al pasaje como al propio conductor.

También al hacer uso de la voz, evocó lo plasmado en el Artículo V de la Constitución Federal, en el cual se deja en claro que a ninguna persona se le puede prohibir realizar trabajo o actividad que le acomode o convenga siempre y cuando sea licita, pero al no contar con los permisos para prestar el servicio de transporte público, esto es ilícito.

Expresó que, en la Costa en últimas fechas se ha implementado el servicio de mototaxis, el cual a simple vista es muy bien aceptado por los ciudadanos, esto por ser un servicio más barato, pero atajó que inseguro, por no contar con los permisos correspondientes, en donde se verifica la identidad del chófer y se exige contar con un seguro vigente, que es quien responderá en caso de un incidente vial.

Finalmente, Delfina Guzmán llamó a no ser cómplices de esta ilegalidad, y pidió actuar de manera inmediata contra esta acción ilegal que pone en riesgo la integridad de la ciudadanía, y también es una competencia desleal para el transporte debidamente concesionado.

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