~~Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), solicitó a la Cámara de Diputados Local iniciar el proceso de revocación de mandato del presidente municipal de San Baltazar Chichiacapam Carlos Vásquez Rebollar, quien ordenó a su policía municipal disparar contra un grupo de opositores para reprimirlos.

También se demandó a la Procuraduría General de Justicia (PGJO), iniciar una investigación contra el munícipe por abuso de autoridad, lesiones e intento de homicidio.

El pasado 6 de noviembre, el munícipe de San Baltazar Chichicapam Carlos Vásquez Rebollar, ordenó a su cuerpo de policía local reprimir a su propio pueblo disparando contra un grupo de ciudadanos que se congregaban en la plaza pública, para exigir la rendición de cuentas del alcalde.

En el ataque se reportó un saldo de 11 personas lesionadas y tres más detenidos, además tres unidades motor destrozadas y varios ventanales de propiedad y negocios dañadas por pedradas.

El presidente de la DDHPO Arturo Peimbert Calvo, afirmó que luego de ocurrido los hechos se inicio un expediente de queja, que se encuentra en fase de integración, donde adelantó se pedirá medidas cautelares y de indemnización a las víctimas además de acciones de pacificación y de no repetición de los hechos.

Abundó que en el proceso  arroja indicios que precisan que en el ataque de la policía a la ciudadanía se configuran graves violaciones a los derechos humanos, por lo que se están exigiendo se inicie en el Cámara de Diputados el proceso de revocación de mandato a la par de las indagatorias que lleva a cabo la PGJO a fin de que el munícipe de Chichicapam sean castigado con todo el peso de la ley.

Peimbert, afirmó que se cuenta con un video grabado por un ciudadano desde su teléfono celular de la agresión, que está sirviendo de prueba para llevar al munícipe ante los tribunales.

Además afirmo que en este caso no puede permitir la impunidad por que se asemeja la actitud a lo ocurrido en Iguala, Guerrero, donde el alcalde en ese momento José Luis Abarca, ordenó a su cuerpo de policía reprimir a los normalistas que se manifestaban en las calles de dicha localidad.

“Oaxaca debe marcar un precedente de justicia, castigando este tipo de abusos de autoridad que ya no se pueden tolerar en un régimen democrático y de respeto al estado de derecho”.

Abundó que el país se encuentra en un ambiente de vulnerabilidad por el caso Ayotzinapa, donde se lastimó y trasgredió los derechos humanos de un grupo de estudiantes.