Oaxaca.- El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, llamó este miércoles a los gobiernos estatal y federal a que asuman su responsabilidad en las labores domésticas y de cuidado que tradicionalmente se han tomado como obligación de las mujeres, y que impiden a ellas el ejercicio cabal de sus derechos humanos.

En la inauguración de una conferencia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer realizada por la Secretaría de Salud estatal, este 19 de marzo en el auditorio de la Sección Sindical 35, consideró que diversas instancias de los distintos niveles de gobierno han sido omisas, pues no han realizado campañas para la inclusión corresponsable de los varones en este tipo de actividades.

 “Desde la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca nos sumamos al llamado de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, quien pidió a los Estados asegurar que el trabajo no remunerado sea mejor valorado, apoyado y compartido por los hombres y por los Estados”, expuso a trabajadoras y trabajadores de la salud.

 El Defensor del pueblo recordó que recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía calculó en 40 mil pesos anuales el valor de las actividades domésticas no remuneradas, pero consideró más real una estimación superior a los 130 mil pesos por año, dado que las mujeres dedican a ello de una a dos jornadas, “es decir, 16 de 24 horas, dos terceras partes de cada día”.

Por ello, dijo estar de acuerdo con Naciones Unidas en el sentido  de que las mujeres, especialmente las más pobres, trabajan más horas que los hombres, reciben menores ingresos y menos reconocimiento, lo que les impide acceder a la educación, el trabajo remunerado, la salud, la participación política y el acceso a la producción científica y cultural de la humanidad, entre otros derechos humanos.

Señaló que la corresponsabilidad respecto a los trabajos domésticos permitiría que las mujeres pudieran dedicar más de su tiempo a trabajos remunerados, a estudiar, a la creación o a la recreación, así como a actividades políticas y económicas, lo que definitivamente enriquecería a la humanidad, tanto económica como social y espiritualmente.

Señaló que aún muchas personas consideran que eso es un asunto interno de las familias, pero recordó que las fronteras entre lo público y lo privado no son estáticas y se mueven según el avance de las sociedades en el reconocimiento de los derechos humanos; puso como ejemplo la violencia contra las mujeres al interior de las familias, que hoy es un delito que el Estado puede y debe perseguir.

“Pasó del ámbito privado al ámbito público, en reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, explicó.

De igual manera, agregó, la división sexual del trabajo que culturalmente obliga a las mujeres a asumir las cargas de las no remuneradas labores domésticas y de cuidado, por supuesto que es un asunto del ámbito público, en el que el gobierno tiene la posibilidad y la obligación de intervenir.

Finalmente, expresó que erradicar cualquier forma de discriminación contra las mujeres es un deber social, moral y legal, y llamó a la audiencia a construir relaciones más justas en todos los ámbitos de la vida social.