La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acusó que la ejecución del mexicano Edgar Tamayo viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena en 2004.

La Cancillería sostuvo que “la ejecución viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena (2004)”, que ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar los veredictos de culpabilidad y la pena capital impuesta a Édgar Tamayo, así como a otros 50 connacionales, cuyo derecho a la notificación y asistencia consular fue violado por las autoridades de Texas durante su detención.

“El gobierno de México hace un llamado para que tome acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena, que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países”, expuso.

La SER informó que a solicitud de la familia Tamayo mantendrá el apoyo que ha brindado en los últimos años en este caso y asistirá en el proceso de traslado a México de los restos de Édgar.

El preso mexicano Edgar Tamayo, de 46 años, fue ejecutado mediante inyección letal en la cárcel de Huntsville, Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, Tamayo Arias fue declarado muerto a las 21:32 horas tiempo local, 17 minutos después de que se le aplicó la inyección letal.

Al preguntársele a Edgar si quería pronunciar sus últimas palabras el mexicano declinó. La ejecución del preso mexicano, condenado a muerte por el asesinato de un policía estadunidense en 1994, se produjo con tres horas de retraso, debido a la presentación de un recurso de última hora ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que lo rechazó.

A petición del preso, ningún familiar suyo presenció sus últimos momentos, a los que sí asistieron diversos parientes del agente asesinado, Guy Gaddis, entre ellos la madre y otros familiares cercanos.

Pocos minutos después de la ejecución, la abogada de Tamayo, Sandra Babcock, acusó al gobernador de Texas, Rick Perry, de “haber faltado al respeto a Tamayo, a Texas, a México y a Estados Unidos”.

La ejecución se llevó a cabo a pesar de las numerosas protestas de organizaciones políticas y sociales internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, que denunciaron la falta de un juicio justo.

En las horas previas, el reo mexicano había confesado que estaba “listo” para morir y que veinte años en el corredor de la muerte “son demasiados”, según dijeron fuentes penitenciarias.

En su último día de vida, el preso tuvo ocasión de saludar y hacerse fotos junto a su padre y sus hijas, a quienes pidió “que mantuvieran la calma y estuvieran tranquilos”.

Tamayo no pidió ningún menú especial a las autoridades de la cárcel y comió el que estaba disponible en la prisión: costillas de puerco, arroz, verduras, maíz, café y té.

Las distintas peticiones de los abogados del preso fueron rechazadas en menos de 24 horas y de forma consecutiva por un tribunal de Texas, la Junta de Perdones del estado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans y, finalmente, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Según los abogados de la defensa, Tamayo nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal del consulado de México, recogido en la Convención de Viena, a la que está suscrito Estados Unidos.

Además, la Corte Internacional de Justicia ordenó en 2004 a EU que revisara las condenas a muerte de aquellos presos cuyo derecho a la notificación consular hubiera sido violado, como en el caso de Tamayo.

Las autoridades tienen previsto ejecutar al menos a otros seis presos en 2014.

La Ejecución de Tamayo es un asesinato: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional calificó la ejecución de Édgar Tamayo Arias como “un asesinato sin ninguna justificación”.

Afirmó que “la ejecución de Édgar sin respetar su derecho a un juicio justo, y sin tener en cuenta los elementos aportados por la defensa, como una discapacidad mental leve, al establecer la sentencia convierten esta ejecución en un asesinato sin ninguna justificación”.

Según otra nota del periódico El Universal, el organismo agregó que la ejecución “representó no sólo una indudable violación de su derecho a la vida y al debido proceso, sino además un claro desacato a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que había ordenado suspender tal sentencia en tanto no hubiera una revisión completa de su caso”, además de ignorar medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo que el mundo atestiguó no fue acto de justicia sino de crueldad. Un hombre hoy fue asesinado bajo la falsa pretensión de justicia, un hombre cuyo proceso no conoció más que la injusticia”, afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de AI en México.

Aunque el tema de ejecuciones de mexicanos en ese país tiene un largo historial de más de dos décadas, antes del litigio internacional entre México y Estados Unidos; en total, ocho connacionales han perdido la vida como castigo por sus presuntos crímenes, la mayoría en el estado de Texas.

La fecha próxima es el 9 de abril. Ese día se fijó la ejecución de Ramiro Hernández Llamas, un hombre procedente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien fue hallado culpable de la muerte del profesor Glen Lich, el 14 de octubre de 1997, así como del abuso sexual contra la esposa, para quienes trabajaba en un rancho de Kerrville, Texas.