Fuerte el discurso del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar Lelo de Larrea con motivo de su primer informe como titular del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ante el Pleno de Ministros, el Presidente López Obrador y las Presidentas de las cámaras del Congreso de la Unión en el que puso énfasis en las medidas de orden jurisdiccional y administrativo que ha impulsado en congruencia con la política nacional de austeridad, combate la corrupción, al nepotismo y la meritocracia deformada.

Las medidas implementadas se vinculan con la autoreforma del Poder Judicial Federal con la visión institucional de que este “es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional” para preservar el engranaje republicano, con una visión autónoma, independiente que se refleje en la confianza social como factor de legitimación con jueces honestos, valientes, preparados, sensibles y comprometidos con los valores Constitucionales para preservar el sentido democrático del Estado de Derecho y las libertades sociales.”

Reconoció que dicho poder a tenido avances en dos aspectos relacionados con las competencias constitucionales y de los derechos humanos de las personas, contribuyendo a la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el estado de derecho como esencia de la responsabilidad que tiene a cargo de resolver los conflictos planteados brindando certidumbre al orden jurídico nacional en ambos rubros.

Menciona que “La Corte se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos, estableciendo interpretaciones que buscan darles efectividad para hacerlos una realidad en la vida de las personas. Hemos entendido a los derechos como la vía para la construcción de una sociedad justa e igualitaria, en donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libres de discriminación, y con acceso a oportunidades que les den la verdadera libertad de perseguir sus sueños, sin importar la cuna en que nacieron.”

Cita “Pero, no podemos dejar de reconocer que, a pesar de esta tendencia histórica del Poder Judicial a desempeñar plenamente el papel que le corresponde en nuestra democracia, sus esfuerzos han sido opacados por vicios y prácticas que lo debilitan frente a la sociedad y que lastiman su legitimidad. En estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia.”

Estos dos contenidos son el atributo del discurso y propósitos a alcanzar por el actual titular de la Suprema Corte que se empatan con los propósitos del gobierno nacional. Destacan las medidas para erradicar la corrupción materializada en la deshonestidad patrimonial y el nepotismo como vicios que inhiben la legitimidad de ese poder ante la sociedad, que han propiciado el corporativismo y los cotos de poder que es necesario desmantelar para recuperar la confianza de la sociedad, ante la señal de que han impedido el acceso efectivo a la justicia; situación que efectivamente se ha incrementado ahora, con la incorporación de nuevos integrantes de la Suprema Corte.

Los vicios denunciados públicamente por el Ministro Presidente Larrea que dañan la familiaridad en la Suprema Corte son el nepotismo desmedido y el corporativismo; el nepotismo con ese parámetro, es la desmedida preferencia que algunos dan a sus familiares  para las concesiones o empleos públicos, sin mesura, sin límite; el corporativismo se actualiza como una actitud de defensa a ultranza de la solidaridad interna y los intereses de los miembros de un grupo o sector profesional. Estas perversiones han dañado la fe en el Poder Judicial de la Federación pues han propiciado los cotos de poder que a su vez han sido y son factores de tráfico de influencias.

El Presidente Larrea afirmó con certeza que esos nocivos elementos se engloban en la corrupción patrimonial y deshonestidad, mismos que han alejado a dicho poder de la sociedad y de su responsabilidad constitucional que ahora se busca erradicar, incluyendo a los jueces mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio a fin de alcanzar que el Poder Judicial de la Federación “a través de su trabajo, gozar de una legitimidad social que derive de su autoridad moral y de su respetabilidad.”

Esta receta que he sintetizado me parece que ira permeando en el quehacer de los poderes judiciales de los estados pues contiene un conjunto de lineamientos que seria importante que se recogieran en una ley general que impulsara una conformación institucional igualitaria a la administración de justicia en el país con la orientación y objetivos que señala el Ministro Presidente de la Suprema Corte pues fortalecería no solo la independencia judicial sino la credibilidad en el sistema igualitario de administración de justicia y su legitimidad ante la sociedad.

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca requiere de una visón integral ampliada que cristalice en una autoreforma sustentada en los lineamientos referidos que permitiría incidir al mismo tiempo en la reestructuración de los juzgados de primera instancia en materia civil y de lo familiares ya que hasta la fecha el incremento de juzgados no ha resuelto el rezago y la carga excesiva de trabajo, de ahí que es urgente que se piense en una reestructuración de dichos juzgados sustentada en la división de responsabilidades diarias, acuerdos, audiencias, jueces instructores y de sentencia con secretarios proyectistas que den respuesta oportuna a los peticionarios.

El tema del nepotismo y el corporativismo denunciados como elementos de corrupción prevalecen en el poder judicial del estado e incluso se integran como elementos de negociación interna en la toma de decisiones, cuestiones estas que a pesar de los esfuerzos de la actual titular Lic. María Eugenia Villanueva mostrados en el primer informe de su encargo rendido el viernes pasado, no tocaron esos temas.

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