Se inició el año dos mil diecisiete bajo el influjo aun de la celebracion de la navidad y el año nuevo, festividades que nos alejan de los problemas cotidianos y propician la reflexion en lo que tiene que ver con la familia, la religión, el amor, la amistad, el encuentro con amigos que visitan la ciudad; sin embargo, las bondades de la temporada fueron erosionadas por una escenario intempestivo, como lo son el conjunto de medidas económicas que quebrantan negativamente el bolsillo de la clase media hacia abajo, que por su magnitud y repercusiones se tasan como desmedidas, inoportunas y posiblemente inconstitucionales.

La información por parte del sector oficial en declaraciones, entrevistas y boletines ha buscado desvirtuar lo que refleja la implementación de una política financiera que poco tiene que ver con el bienestar y desarrollo de la vida del pueblo, que se traduce en un estafa para su economía, mismo que carga de por sí, la  penuria de bienes que le garanticen los derechos que la constitución otorga para una vida digna.

La repulsa se ha ido generalizando frente al vano esfuerzo por esconder el desvalijamiento en que se traduce el incremento de los precios a las gasolinas, el diésel, el gas, la electricidada y en los bienes y servicios relacionados, con el pretexto del aumento en el nivel internacional y la necesidad de hacerlos compatibles con los de otros países, aseguran los voceros oficiles.

El Presidente de la República ha dado respuesta a la inconformidad social patentizada, en el ramo del transporte, con bloqueos carreteros; marchas y protestas que favorecieron actos vándalicos, saqueos, agresiones, lesionados y hasta ahora un policía muerto en uno de esos eventos. La réplica del Presidente no logra disminuir el aspecto negativo de estas medidas concertadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues es inentendible que se cailifiquen de dolorosas, pero se justifiquen con la espectativa  de la gravedad de las consecuencias y efectos de no imponer los aumentos, cuando con ello se daña el patrimonio de los mexicanos,  a los que se les prometió que la reforma energetica reduciría los precios.

Este panorama negativo, me impulso, sin ser economista, a buscar por lo menos la definición de dos partes de esta ciencia que en mi concepto ayudan a entender, mas no a explicar de manera satisfactoria que los acrecentamientos decretados, sean menos dolorosos, que mantener los precios como estaban o reducirlos. Esos aspectos son la macroeconomía definida “como la parte de la economía que se encarga de estudiar el funcionamiento económico en general, así como las políticas económicas que se llevan a cabo en gran escala,  en un país. Es decir, engloba a la sociedad en su conjunto funcionando de una sola vez, no de forma independiente.”

En contraste la microeconomía  “es la parte que se encarga del comportamiento de cada agente económico de forma individual, como pueden ser las familias, las empresas o los trabajadores”, esta se vincula a la oferta y la demanda entre consumidores y proveedores en donde el nivel de precios o las denomindas elasticidades de los productos se mueven de acuerdo a las necesidades de cada persona.

Conforme a estos conceptos generales, el Gobierno Mexicano esta ocupado en mantener el estado que guarda la macreconomía, en detrimento de la microeconomía, pues el añadido de precios tiene que ver directamente con jun panorama nacional que se dice influido por el entorno internacional de esos productos, pero sin ligarse a la oferta y demanda interna y a la necesidad y situación económica del pueblo, realidades que contradicen el tema de los beneficios del incremento.

La decisión política financiera se ha disfrazado bastante bien, primero se anuncian y determinan recortes presupuestales en la administración publica federal y en los estados que se dijo que no afectarían, los programas sociales; hoy el Presidente Pea Nieto en su mensaje señala: “Este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento de los impuestos. El PRI, a través de su líder en la cámara de diputados declara que de no incrementarse los precios desparecerían una serie de programas sociales.  Me parece que con ello rebate lo aseverado en cuando a la no afectación de los programas sociales, con motivo de la reducción propalada  de plazas y sueldos por el Presidente.

El apretarse el cinturón es una estrategia más que se confronta con la escenario actual. El recorte fue anulado con las alzas a los productos relacionados con el consumo de bienes de primera necesidad de los mexicanos, gasolinas diésel, gas y electricidad, alimentos, boletos de transportación de cualquier tipo; a su vez involucran el aumento de impuestos aplicados al precio total, cuyo recipiente final es la federación; su monto rebasa o compensa la disminución presupuestal formalmente fijada, lo cual me parece que invalida la apología que se hace y demuestra que el cinturon que se diseño cuenta con suficientes orificios para  aflojarlo.

Los actos de protesta, bloqueos y desorden son parte de la tradicional forma de inconformarse en México; para nosotros los oaxaqueños, forman parte de los usos y costumbres o sistemas normativos internos. Los actos vandálicos y de atraco, propiciados o no desde el nivel oficial han sido el distractor necesario para un pueblo que transita en lo profundo de la miseria acentuada.

La defensa constitucional de los derechos del pueblo mexicano en la vía institucional masiva es  el juicio de amparo, pues se trata de derechos humanos establecidos en el titulo primero de la Carta Magna que obligan al Estado  a fortalecer la Soberanía de la Nación, su régimen democrático y que, mediante la competitividad, impulse el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, como garantías del pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. La competitividad se entendida como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. (artículos 1º. Y 28).

En sintesis todos los mexicanos tenemos el interés legítimo para impugnar el alza de los precios decretada mediante su liberalización (controlada), a fín de que sea declarada inconstitucional por atentar contra los derechos humanos y sus garantías tutelados por dichos preceptos, de los cuales se ha privado a todos los mexicanos, sin audiencia y condenados al pago de un crédito público que rebasa los parámetros de equidad y justicia impositiva.

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