El Estado incapaz de apoyar a los campesinos

  • Carlos Noé Sánchez Rodríguez

Ya hace varios años que desapareció el Banco de Crédito Rural que durante mucho tiempo apoyó a los campesinos mexicanos, sobre todo con créditos de Avío para la compra de los insumos necesarios para la producción agropecuaria, con su desaparición los campesinos enfrentan cada año el problema de conseguir recursos para la compra de los insumos, principalmente el fertilizante, pues bien se sabe que las tierras, independientemente del régimen de lluvias, han perdido su capacidad nutritiva para alimentar a la planta y por lo tanto se necesita restituir los principales elementos químicos indispensables para los cultivos como son el nitrógeno, el fosforo y el potasio principalmente. Ante este panorama, he escuchado a varios funcionarios de las dependencias dedicadas a apoyar a la agricultura y ganadería decir que “los campesinos utilizan mal sus recursos aportados por el gobierno como el Procampo, recurso que se entrega al campesino cada año”, pero se olvidan que este recurso se instituyo para paliar las pérdidas que el productor tiene al competir mundialmente con los productores de otras naciones, pues al aprobarse la famoso Tratado de Libre Comercio (TLC), este recurso lo ocupa para su consumo doméstico y nada más, por lo tanto se enfrenta cada año con la falta de disponibilidad para adquirir los fertilizantes.

     Ante el problema de la gran mayoría de los campesinos ejidatarios y pequeños productores que trabajan en tres hectáreas o menos, problema debido principalmente a los altos costos de producción en su parcela y a la carencia de recursos para la adquisición del fertilizante, las dependencias como SAGARPA y SEFOA han implementado, como es la obligación del estado (como lo hacen otras naciones de apoyar su producción primaria), diversos programas que dotan a los productores del fertilizante, pero estos son simplemente insuficientes ya que dotan de cantidades y formulas no adecuadas y además lo entregan cuando los cultivos ya no lo necesitan, todo esto no vienen a resolver el problema sino a complicarlo todavía más, pues el campesino fertiliza a destiempo y con una formula impropia, que más de las veces sólo viene perjudicar a las tierras, pues parte de ese fertilizante no se utiliza. consiguiendo a veces efectos contraproducentes.

    Este problema a pesar de ser bien conocido por los funcionarios de la Sagarpa y de la Sefoa, simplemente no le han hallado la forma de cómo resolverlo, la burocracia se muestra incapaz e indolente ante esta situación, lo que rebela claramente que la política agropecuaria del estado en general no tiene interés alguno en atender a los campesino minifundistas, su enfoque está dirigido solo a los grandes y buenos productores, y a la importación de los granos básicos para el consumo nacional, pero se olvidan de que hay una gran masa de productores de  estos granos, que en mucho ayudarían a combatir la importación que pone en grave peligro la soberanía alimentaria del País, pero que además esta masa se empobrece cada día aún más y muchos de ellos abandonan, rentan o venden sus tierras pasando a engrosar el número de los desempleados y aumentar en gran medida la pobreza. Mucho ayudarían los funcionarios que tienen en sus manos los siempre insuficientes recursos para los campesinos, si estos se destinaran a tiempo y en forma apropiada mucho ayudarían a reestablecer el famoso tejido social del que todos se llenan la boca pero que no hacen lo procedente para lograrlo, si los técnicos y funcionarios menores (algunos lo hacen tímidamente) realmente presionaran y hasta lucharan por lograr que se atienda a tiempo y bien a los campesinos la situación del campo cambiaría, pero por el contrario, se benefician con las corruptelas, con la  politización del fertilizante y de otros apoyos para conseguir votos u otras canonjías como se ha venido haciendo hasta ahora. Los efectos están a la vista, poca producción, tierras infértiles, recursos desperdiciados, pobreza  y sobre todo campesinos decepcionados y hasta resentidos con el poder del Estado, caldo de cultivo excepcional para la llamada delincuencia organizada.