El orden jurídico nacional y el interno en las entidades, fue impactado de manera trascendente, con la reforma constitucional sobre los Derechos Humanos y del Juicio de Amparo, al ampliar el perímetro de protección de las personas en lo que se refiere a sus derechos fundamentales,   obligando a que, de manera ineludible, todas las autoridades del país, los protejan y garanticen,  con la visión del Derecho Internacional y los criterios de los tribunales internacionales que haya aceptado someterse el Estado Mexicano, como el de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para casos concretos, en que El Presidente con la aprobación del Senado lo aprueben; en este renovado bloque constitucional, la trasformación, incluyó la precisión del ejercicio de la facultad a las todas autoridades judiciales de aplicar el control difuso de la Constitución.

El control difuso de la Constitución, es un medio por el cual, fundamentalmente los jueces pueden no aplicar una norma en un litigio determinado, porque estimen que atenta con el orden constitucional de oficio o por hacerlo valer la parte afectada, pero sin hacer declaratoria de inconstitucionalidad, ya que esto último, sigue reservado de manera exclusiva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que implica la supresión del obstáculo para que operara lo que ya estaba previsto en la Carta Fundamental pero que, los criterios restringidos del máximo tribunal, habían impedido que se materializara, como instrumento de control de la constitucionalidad.

Esta transformación de fondo, provocó que se implementaran las reformas legales en diversos ordenamientos, como ocurre con la justicia penal, en la que se implementan los juicios orales y, ahora, un Código Nacional de Proceso Penal que viene a homologar este rubro, siguiendo las experiencias de otros países, como la Chile y Colombia, que están estructurados como repúblicas democráticas unitarias, es decir, no federales como México; esta característica les autoriza el tener leyes para todo el país, sin afectar el régimen interior de sus provincias, pues en ese nivel, los que las gobiernan, son designados por el Presidente.

En esa ruta se ha implementado la reforma electoral en México, que autorizó que la estructura administrativa y jurisdiccional en lo que toca a su funcionamiento y titulares, haya quedado a cargo del nivel federal, tanto en lo toca al Instituto Nacional Electoral, sus representaciones e integrantes en los Estados, como de los Magistrados de los Tribunales Electorales de los Poderes Judiciales, pues estos serán seleccionados por el mismo orden federal, lo que induce a vaticinar  que es posible que en el futuro, se implemente una ley nacional de medios de impugnación electoral para toda la República y sean derogas las disposiciones en los estados que tengan que ver con ese rubro.

Desde luego, el convulsionado orden jurídico se encontró con un sistema de procuración y administración de justicia rezagados, que están obstaculizando su aplicación plena, lo que ha motivado que el Estado y sus poderes, buscaran fórmulas para evitar los inconvenientes de ese factor de retroceso, recurriendo a los criterios judiciales que al resolver casos concretos modulan las exigencias constitucionales o legales que están a cargo de la autoridad. La problemática sigue y seguramente enfrentará nuevos retos, pues la intervención de tribunales internacionales de derechos humanos, pueden impulsar criterios que impongan al Estado Mexicano concebir reformas legales o constitucionales para adecuar esos ordenamientos a las convenciones internacionales, como lo señala en el artículo 1° de la Constitución.

La justicia penal oral, cuyo sistema procesal a partir del 2016, tendrá que ser homologada en todo el territorio, afrontará la doble  estructura de administración y procuración de justicia, la del Poder Judicial de la Federación, y la de los Poderes Judiciales de los Estados, que tiene que ver con el financiamiento público para optimizar este servicio, pues algunas entidades no cuentan con los recursos suficientes para alcanzar este objetivo que involucra personal capacitado, tecnología e instalaciones apropiadas. La muestra es la relacionada con los estipendios del personal, cuestión que presenta discrepancia entre los que perciben, en el estado los funcionarios judiciales, con los de sus iguales de la federación, diferencia que se refleja entre las procuradurías y fiscalías locales, con la Procuraduría General de República, todo concerniente a los presupuestos para justicia y seguridad.

Hoy vemos que en Oaxaca, el renglón de seguridad jurídica, es cuestionado, por la serie de movimientos que se han generado durante un largo periodo, que engendran un estado permanente de incertidumbre jurídica para la población, que ha afectado los ámbitos de los negocios, el  laboral, la vialidad,  por los actos de agresión colectiva, impunidad y riesgo para la integridad física o patrimonial de los habitantes, sin que reformas jurídicas nacionales y locales, calificadas de garantistas, hayan mostrado avances palpables para alcanzar las metas ofertadas. Prevalece la intolerancia social, política y cultural que, dadas las condiciones que se viven, nos muestran una realidad contradictoria; aplicar la ley mediante el uso de la fuerza legal, en Oaxaca  es imposible, no cuenta con elementos suficientes para lo ello; a la inversa se tiene que tolerar el abuso y el desorden, por las condiciones que, de facto, se imponen o se pactan con el poder, como lo confirma la declaración del Gobernador Gabino Cué, en el sentido de que evitará caer en la provocación y la represión para no estimular un conflicto como el que tuvo lugar en el 2006; por tal motivo, las decisiones son tolerantes, de mesas de diálogo que buscan evitar, en su óptica daños mayores. En este contexto, es previsible que este criterio, se seguirá utilizando a pesar del alto costo social, económico y de rezago que ha traído para el pueblo, hasta el final de este periodo de gobierno.

En este entramado jurídico y del denominado "quesillo Oaxaqueño" la ley, el orden y el poder, han tenido que ceder en favor de la impunidad, la tolerancia impuesta, sí así se le puede denominar, frente a los plantones e invasión de la simbólica plaza pública y el palacio de gobierno, lo cuales ya no distinguimos cuales son artificiales o cuales tienen un motivo auténtico, sobre todo cuando se acerca la fecha en que el Ejecutivo Estatal dará el grito de independencia; con vista en estos dos supuestos recordé que en el periodo de gobierno del Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, para evitar que grupos opositores se apoderaran del zócalo, se impulsó la ocupación del mismo, con juegos mecánicos, de manera que, con este operativo disuasivo, se evitó que otros intereses, impidieran  realizar evento oficial programado.

Como símil de esa experiencia, el plantón magisterial se ha replegado, lo que permitirá al Ejecutivo del Estado, cumplir con el evento típico que simboliza el inicio del movimiento de independencia de México, lo que tiene semejanza con la estrategia que se manejó en el pasado. Esta maniobra pactada parece servir para cuando las posiciones de poder no responden a una misma tendencia política, el gobierno actual de Oaxaca, proviene de una diversa a la del Gobierno Federal, escenario que ha puesto de relieve que la relación oficial, no es cordial ni de una colaboración transparente e institucional, trama que tiene que ver con la adecuación de la Ley de Educación del Estado de Oaxaca con la legislación federal, que no ha culminado.

La complejidad política y jurídica del sistema federal ha sido tocado en su base, las competencias constitucionales y legales, lo que es causa de una colisión que provoca actos de defensa por parte de las entidades que, en el fondo, se traducen en una lucha de poder por el poder, utilizando estrategias extremas e intervención de sectores de dominio fáctico, como el que representa del magisterio que obliga a abrir el espacio de la negociación con el gobierno federal, en un contexto menos negativo para el Gobernador, en el periodo crítico de los dos últimos años periodo, contaminado por un anticipado proceso electoral. Espero que esta prolongada crisis de la transición, deje atrás los aspectos negativos en que ha transitado.

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