El movimiento del magisterio que ha mantenido de manera permanente a la población de la ciudad de Oaxaca y zona conturbada, sometida, restringida, sujeta a una serie de abusos, sin medida ni remedio por un buen número de años, con el consentimiento forzado o pactado con el Estado, no obstante de ser el obligado de velar por la protección de los derechos humanos de todos, sin distingos, parece interminable, pues ha transitado en esa conocida estrategia, propia de estos grupos desestabilizadores, la de avanzar y retroceder en momentos de crisis, previa negociación política y económica que conllevan beneficios para los líderes de las variadas tendencias que se aglutinan, las que de acuerdo a la potencia radical que ostentan, monopolizan el poder  de decisión, para que en el momento oportuno, retomen y orienten las acciones, en sus etapas de la protesta, para pasar bajo la excusa de la insuficiencia en la satisfacción de sus peticiones, a la acción de agresión a las instituciones, población, economía y paz y seguridad pública.

El día jueves pasado, escuché los comentarios del conductor de un programa de noticias, respecto a los recurrentes hechos que se presentan, en los momentos en que se llevan a cabo las fiestas tradicionales de la Guelaguetza, o de los lunes del cerro, como también se conocen, en el que lanzó graves calificativos a los que han ejercido el poder en el Estado, insistiendo en que no han hecho uso de las facultades y obligaciones que les impone y otorga el orden  jurídico para proteger los derechos fundamentales de la población sociales e individuales, a fin de que actividades se desarrollen en un plano de igualdad, dignidad y paz; por el contrario, han tolerado y probablemente propiciado, por razones políticas, acciones de estas bandas organizadas que dañan a la comunidad de Oaxaca y sus valores, tanto en lo individual, como cultural y social, al ahuyentar al turismo, dar una imagen negativa de su calidad de patrimonio de la humanidad, obstaculizar el libre tránsito en el zócalo donde llevan a cabo el plantón, impedir la actividad cotidiana de los trabajadores en esa zona, provocar que disminuyan los ingresos que provienen de esos servicios, la afectación de los centros comerciales y servicios públicos, consecuentemente, el desarrollo del Estado de Oaxaca; criticó la entrega de reconocimientos y bonos a maestros por haber impartido clases de manera ininterrumpida durante treinta años, porque aseguró, que dudaba que alguno de los distinguidos por el gobierno, hubiere cumplido con esa misión de esa manera, todos esos años, durante los doscientos días que marca el calendario escolar.

Las realidades de este fenómeno, se contrastan con las condiciones que imperan, en los momentos en que se agudiza e intensifica el daño social comentado, pero en todas ellas, se identifican como elementos comunes, como en los últimos años, la naturaleza progresiva de las acciones de leves a intensas y agresivas, todas escudadas en acuerdos de la asamblea o asambleas regionales del magisterio beligerante, su permanecía con esos grados de desarrollo, su temporalidad, crisis en tiempos electorales, su variabilidad al ubicarse o inclinarse, de acuerdo a la corriente de poder prevaleciente, sin abdicar de su esencia, la exigencia de sus "bases" como expresión del interés de sus variados líderes y el que de acuerdo a su voluntad, encaminaron como Secretario General de esta Sección, el cual está rebasado por esas obscuras tendencias que son el poder real, que sujeta tanto a dicho representante como a los gobernantes.

Hoy se acerca el periodo de elección del mandatario estatal, con una sólida presencia del Partido  Revolucionario Institucional, encarnada en la imagen del Presidente Peña Nieto, que ejerce el control político del partido y su dirigencia a nivel nacional, no en la local, que parece no tener relevancia en esa alta esfera, ante su falta de presencia objetiva que demuestre implementación de una actividad política, congruente a sus fines, doctrina y planes de acción; funciona en la obscuridad, posiblemente comprometida ya con algún posible candidato, cuya opción de triunfo dependerá de su personalidad, esquema de propuesta y del equipo de campaña que lo acompañe, pero sobre todo, que tenga una relación cercana con quién dirige los destinos de este país, que garanticé para la población y el Estado, desarrollo, seguridad pública, paz social en su sentido amplio que, de manera conjunta, ejerzan el poder para obligar a los depredadores sociales del magisterio y sus satélites, encauzar sus exigencias laborales, en la vía institucional, y las políticas a través de los partidos, primero por el dialogo como lo han hecho por largo tiempo y, agotado este, con el uso de la violencia legal.

Los riesgos son profundos, pero no debe perderse de vista que en el Estado Mexicano, han prevalecido las decisiones del gobierno central que, cuando estas son firmes y debidamente apoyadas, se imponen, logrando impactar en este tipo de movimientos, aún encubiertos en sus derechos humanos, los de ellos, no los de todos, y el manto protector de los mecenas políticos a los que sirven y utilizan como asociados en esa gran industria del chantaje social, político, cultural, laboral y de conveniencia que les produce gracias económicas, en una siniestra red de complicidades, como ha operado en Oaxaca con variables que provocaron e impulsaron la decisión del orden federal, de hacerse cargo de los dineros destinados a la educación, de su rectoría y control al igual que en salud para atacar de raíz, lo que ha alimentado a estos sindicatos y organizaciones, los dineros públicos.

No debe soslayarse el poder que ha ido consolidando el Presidente Peña Nieto, como lo demuestra el paso firme que se sigue en el ámbito legislativo, con las reformas denominadas estructurales que están incidiendo en los rubros de energéticos y comunicaciones, financieros y de inversión que, por largos años, sólo fueron fuente de ingresos sectoriales, sumidos en la insuficiencia, la corrupción y el apoyo económico del estado, curiosamente en favor de un sindicato también; transformaciones estas que a pesar de la aparente oposición, se están coronando con firmeza, y es de esperarse que en un plazo razonable, los beneficios anunciados se reflejen en los bolsillos de los mexicanos; a estos logros, se agrega la reforma educativa legal que, aún con tropiezos está por culminar, sin signos de retroceso, aunque quizás las impugnaciones constitucionales que estén en trámite, provoquen ajustes en la legislación reglamentaria implementada por la federación y las entidades.

El Gobierno de Oaxaca, ha jugado sus cartas con este movimiento y otros similares, para llegar al poder, pero su experiencia, por lo menos la palpable, no le ha funcionado al titular del Poder Ejecutivo, Gabino Cué y acompañantes interesados en los beneficios económicos que están obteniendo a su sombra o en su nombre, que se integraron a esa burbuja tradicional que ahora parece horadada, pero que se sostiene por los beneficios que se obtienen y que es muy probable que los que hoy son los jueces y sancionadores de funcionarios anteriores, sean los reos del mañana; Oaxaca, es y seguirá siendo laboratorio. La estrategia oficial hasta la fecha, no le ha funcionado frente a las exigencias del magisterio y sus aliados, de ello son muestra, los actos que realizan en el centro de la ciudad y sus alrededores, que ha acarreado serias críticas al gobernador, a quien se imputa permitirlas y justificarlas, con la afirmación de que están operando las mesas de trabajo y que el Estado ha satisfecho "todas sus exigencias". Esta evidencia objetiva, demuestra que algo no le ha funcionado al gobierno en la operación política de convivencia con sus aparentes aliados, o que al interior de su propia estructura, se están manipulando las acciones de desestabilización con objetivos futuros.

Mientras tanto, persiste la violación grave de los derechos fundamentales que tanto alarmó a los comentaristas y políticos en el 2006, por lo que es conveniente que en esta situación, ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, facultada constitucionalmente para ello, interviniera oficiosamente o a petición de los sectores sociales de Oaxaca, a investigar sus causas y responsables de este profundo daño, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace casi siete años.

Recordemos que la resolución de este Alto Tribunal, entré tantas violaciones graves que detectó señaló, omitiendo las del magisterio, que el Estado no cumplía su misión de tutelar y proteger los derechos humanos y sociales de la población de Oaxaca, argumentando que: “…En suma, se colige que no se cuidó el orden público en la ciudad; omisión que dio como resultado que el desorden generalizado produjera por parte de los particulares, la afectación de derechos humanos fundamentales -vida, integridad personal, acceso a la justicia, libertad de comercio, de tránsito, de pensamiento,  expresión e información, a la educación y el derecho a la paz social, a la convivencia armoniosa, al disfrute pleno de la propiedad privada-; todo esto se vio ciertamente alterado por grupos de particulares que generaron este desorden; pero fundamentalmente porque no hubo acciones tendientes a mantener la vigencia del orden público en la ciudad. Por otra parte, cuando las autoridades estatales y federales, determinaron hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto social en Oaxaca, en la ejecución correspondiente se incurrió en actos que además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policíacos, provocaron la violación de diversas garantías, incluyendo algunas que se consideran irreductibles y que por sí mismas constituyen una grave infracción al texto constitucional.”

De acuerdo a esta secuela de hechos que persisten, es de advertirse que continúa en Oaxaca, un estado permanente de violación grave de derechos humanos y sociales que prueban que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tuvo ningún efecto sobre la esencia de esos actos, a pesar de lo anunciado, porque el gobierno no ha estructurado hasta hoy, una política específica disuasiva, preventiva efectiva y operativa que pueda enfrentar este tipo de males equiparables a la delincuencia organizada, que daña el patrimonio cultural de toda la  población y sus derechos fundamentales de manera permanente, siendo necesario que, por una parte, se cumpla lo determinado por la Corte en este aspecto y que los sectores y población, como hizo en el 2006, denuncien masivamente ante la Comisión Nacional estos hechos ampliamente documentados para que proceda a su investigación y a dictar las medidas cautelares necesarias, respecto al derecho a la educación, seguridad y paz pública, derechos humanos y sociales de la población de Oaxaca, y que exija a los futuros a candidatos a gobernador, la presentación de un compromiso de trabajo, específicamente sobre estas materias, su prevención, disuasión y estructura de una fuerza preparada y suficiente para restaurar el orden en este casos.

[email protected]