A pesar de que el pasado 15 de abril el Congreso local endureció las penas a agresiones contra el personal de salud, continúan los casos en Oaxaca, por ello, la diputada local Magaly López, pidió al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, cumplir con su obligación e iniciar de oficio las investigaciones en torno a las agresiones contra personal médico, con el fin de identificar plenamente a los responsables y someterlos a proceso.

En este sentido, la legisladora de Morena dijo que, de acuerdo con fuentes periodísticas, la noche del pasado viernes 6 de junio, una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue agredida físicamente con un palo por un mototaxista y sus familiares, cuando se encontraba en el filtro sanitario ubicada en la entrada de la población de Santiago, Etla.

De acuerdo con la información, la enfermera solicitó a una familia que viajaba en un mototaxi portar el cubrebocas, lo que provocó una fuerte discusión. Los ciudadanos bajaron de la unidad y golpearon a la mujer, además le escupieron en la cara. La enfermera resultó golpeada por lo que se retiró del sitio, y hasta donde se sabe no presentó denuncia penal.

Ese sería el segundo caso de agresión al personal médico ocurrido en la misma semana, pues el martes 2 de junio un enfermero de Santiago Astata también fue agredido por elementos de la policía municipal por considerarlo un riesgo de contagio de COVID-19. La agresión ocurrió en uno de los filtros ubicados en el ingreso a la cabecera municipal.

El pasado 15 de abril, la 64 Legislatura aprobó un decreto por el que se establece que las agresiones contra el personal médico que presta sus servicios en Oaxaca en un contexto de emergencia sanitaria, serán sancionadas con una pena más dura que cuando se cometan en un contexto ordinario, ahora estos ataques se castigarán hasta con seis años de prisión, el doble de lo dispuesto anteriormente.

La diputada Magaly López dejó claro que, a partir de la publicación de la reforma efectuada por esta Legislatura, estos delitos se persiguen de oficio, por lo cual es obligación de la Fiscalía General del Estado iniciar las carpetas de investigación correspondientes, aun sin mediar denuncia de las personas afectadas, con el fin de identificar a los agresores y otorgar al juez los elementos suficientes para que defina las sanciones.