Oaxaca. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, acompañó a integrantes del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos para entregar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una petición para que atraiga el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes fueron desaparecidos en Oaxaca en el año 2007, durante la administración del llamado Carnicero de Chalcatongo.

Desde diciembre pasado un tribunal colegiado pidió a la SCJN ejercer su facultad de atracción sobre este caso, cuyo fallo en primera instancia fue impugnado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, hasta la fecha la SCJN no se ha abocado a resolver el asunto, por lo que sus familiares presentaron una petición a los ministros, apoyada con las firmas de 323 personas y 150 organizaciones nacionales e internacionales.

Los familiares están hartos de que los responsables entre ellos URO siga en la impunidad. “Si no lo juzgaron por corrupto y robar el dinero del pueblo, que lo juzguen por asesino y por desaparecer personas”.

La titular de la CNDH dijo sobre su presencia en este acto: Me toca acompañar este caso, de sus padres que fueron desaparecidos desde 2007, en el sexenio de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz Ortiz, para que esto no quede en la impunidad, tienen que pagar por los crímenes de lesa humanidad que cometieron.

Por su parte, Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes, afirmó que su padre fue reivindicado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), como uno de sus miembros, y por ello responsabilizó de las desapariciones al entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al ex presidente Felipe Calderón: Hay evidencias de que en la desaparición de nuestros familiares no sólo participaron autoridades locales, policías estatales, sino también el Ejército mexicano.

Cabe señalar que URO ya fue denunciado ante la Haya por todas las atrocidades que cometió durante su mandato, desapariciones, asesinatos, caravanas de la muerte, corrupción, abuso de poder, entre otras acciones que lo marcaron como el peor Gobernador de Oaxaca. 

Periódico La Jornada