CDMX.- Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Jorge Toledo para solicitar la traducción del Código Nacional de Procedimientos Penales a las lenguas indígenas del país y sea difundido a través de textos, medios audiovisuales e informáticos.

En el documento presentado, el senador Toledo manifestó que el nuevo sistema penal acusatorio requiere que los pueblos indígenas conozcan las modificaciones legales efectuadas, porque su implementación ha sido un reto muy grande, pero los indígenas no han tenido acceso a ese nuevo procedimiento, no lo conocen, hasta el momento les es ajeno, a pesar de que entró en vigor en todo el territorio nacional el 18 de junio de 2016.

Consideró que los órganos encargados de la implementación y la consolidación del sistema acusatorio capacitaron a jueces, ministerios públicos, defensores, policías y peritos, pero infortunadamente se olvidaron de los pueblos y comunidades indígenas.

No hay capacitación en lenguas indígenas, no hay jueces ni procuradores indígenas y la defensa pública federal, desde 2008 ha generado un avance al contratar a 24 defensores públicos bilingües especializados en materia indígena, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no certificó a abogados con conocimiento de lengua y cultura, ni priorizó la perspectiva intercultural, explicó.

Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que en noviembre de 2015 había 8 mil 412 indígenas en los centros penitenciarios del país; de ellos, 7 mil 728 pertenecían al fuero común y 684 a la jurisdicción federal, y para apoyarlos en traducción e interpretación sólo se cuenta con 600 intérpretes y traductores.

Explicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales cuenta con nuevas figuras y el poco conocimiento que los indígenas tenían del anterior procedimiento ha quedado desfasado con respecto a las nuevas reglas de juzgamiento.

El senador Toledo manifestó que el nuevo Código es la antípoda del anterior, pues privilegia la publicidad, la oralidad, la concentración, por lo que exige necesariamente de asistencia técnica profesional letrada, pues comprender el nuevo proceso implica dificultades, incluso para los abogados.

No obstante los esfuerzos efectuados por las instancias de procuración e impartición de justicia, los indígenas siguen al margen de esta nueva forma de impartir justicia, por lo que es necesario cerrar poco a poco la brecha.

Por eso consideró impostergable la traducción del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo menos a las lenguas con el mayor número de hablantes del país.

La Segunda Comisiónde Relaciones exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en los considerandos de su dictamen manifestó que en México habitan 6.6 millones hablantes de una lengua indígena, 9.1 millones no hablan lengua indígena y 400 mil de los hablantes no se consideran indígena.

También expuso que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las lenguas con más hablantes son la náhuatl con el 23 %; la maya, con el 11.5 % ; mixteca, con 7.1 %; tzeltal, con 6.9 %; y zapoteca, con 6.3 %; que en conjunto representan el 55 % de las lenguas indígenas del país.

Con esas y otras consideraciones retomadas de la proposición presentada por el senador Jorge Toledo, la comisión presentó al Pleno de la Comisión Permanente un acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas para que traduzcan el Código Nacional de Procedimientos Penales a las principales lenguas indígenas habladas en el país.

El acuerdo también convoca a las dependencias para instumentar una campaña de difusión en esas lenguas sobre las principales disposiciones contenidas en el Código.

Sometido a votación en el Pleno, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad la propuesta.