Los gobiernos deben hacer más para proteger los derechos de las mujeres en las políticas sobre el consumo y tráfico de drogas, indica la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). 

Esto porque se ha dado un aumento desproporcionado de casos de sobredosis en ese grupo de población, así como  un mayor consumo y participación de éstas en el narcotráfico y las redes criminales. 

Uno de los puntos del informe de la JIFE sugiere a las autoridades priorizar la atención de salud pública y el acceso a tratamientos para las mujeres dependientes de esas sustancias. Además de destinar más recursos financieros a la cuestión.

Francisco Thoumi es miembro de la Junta, y dice: 

"En términos de usuarios, por cada tres hombres hay solamente una mujer. Sin embargo, por cada cinco hombres que reciben tratamiento o están en programas de rehabilitación y reinserción social, solamente hay una mujer. Hay un desequilibrio, un sesgo muy grande en las políticas, que priorizan a los hombres sobre las mujeres." 

El estudio señala que es más probable que se prescriban narcóticos para el tratamiento de la ansiedad y el dolor a las mujeres, lo que facilita el abuso de esas drogas. También son muy vulnerables las que se encuentran en prisión y las trabajadoras del sexo. 

Llama a la protección de las que cometen delitos menores y de sus familias, porque el impacto social de medidas severas es mayor cuando se trata de mujeres, por el rol que desempeñan en la sociedad.

Por ejemplo, propone medidas alternativas a la prisión para abordar la posesión y el uso personal de sustancias ilícitas.

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