La presidencia de Enrique Peña Nieto es la más costosa, por lo menos desde 1990.

Viajes, imagen, comunicación y otros gastos de operación han ocasionado este resultado, según documenta en una nota el periódico Reforma.

En 2014, la Presidencia erogó 3 mil 476 millones de pesos, 14.4 por ciento más que el año previo, y es el presupuesto más alto en 24 años, medido en términos reales, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda que abarcan desde 1990.

Si se compara respecto a los dos primeros años de cada sexenio, la actual Presidencia ha marcado un récord.

Entre 2013-2014, Los Pinos desembolsó 6 mil 397 millones de pesos, 22 por ciento más que los dos primeros años de Vicente Fox y 32 por ciento más que con Felipe Calderón Hinojosa.

Respecto a la gestión de Ernesto Zedillo, la diferencia es del 68 por ciento real.

El año pasado, además significó el mayor desembolso durante la actual Presidencia.

En 2014, Los Pinos, como todas las secretarías del Gobierno federal, hizo ajustes al presupuesto originalmente aprobado por los diputados.

El Legislativo le avaló un monto de 2 mil 200 millones de pesos, pero terminó gastando 3 mil 476 millones.

Esto significa un incremento del 58 por ciento, que es el mayor en términos porcentuales entre todas las dependencias federales con relación al presupuesto aprobado, según el último informe de Finanzas Públicas de Hacienda.

"Mayor adquisición de materiales y suministros, y de servicios generales", explica como causa la SHCP.

Donde se aumentó la Presidencia más presupuesto fue en su Coordinación General de Transportes Aéreos: tenía autorizados 402 millones de pesos y gastó 962 millones.

El Estado Mayor Presidencial tenía autorizados 507.3 millones de pesos el año pasado y erogó 965 millones, mientras que la Coordinación General de Administración pasó de 564 millones a 786.5 millones.

La Coordinación de Opinión Pública pasó de 66 millones de pesos aprobados a un gasto de 90.4 millones; Comunicación Social, de 117 millones a 160 millones, y la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, de 42.4 millones a 71.1 millones.

Alejandro González, director de la organización de la sociedad civil Gestión Social (Gesoc), salvo por la creación de la Oficina Digital Nacional, no hay grandes cambios importantes que justifiquen el incremento.

Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advirtió una posible duplicidad de funciones de las secretarías y más recursos para imagen y publicidad.

Trata Korenfeld de justificar uso de helicóptero para su familia

El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, informó que la noche del lunes se realizó la primera audiencia entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, por el uso que éste hizo de un helicóptero de la dependencia.

Ya existe una regulación sobre el uso de esos aparatos, misma que se deberá cumplir, expresó Sánchez en conferencia de prensa con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra, para dar a conocer las metas de reducción de gases de efecto invernadero.

De acuerdo con otra nota del periódico La Jornada, el funcionario dijo que la SFP comenzó una investigación, y a ésta corresponde desahogarla. Por su parte, Juan José Guerra aseveró que la Semarnat no tiene helicópteros y que cuando requiere usar alguno acude a otras dependencias gubernamentales para que se lo presten.

“Al ejercer su derecho de audiencia en los términos de ley”, Korenfeld se presentó para explicar las razones por las que utilizó un helicóptero de la dependencia el pasado 30 de marzo. La aeronave aterrizó en las inmediaciones de su casa para recoger al funcionario y su familia, además de maletas de viaje, motivo por el cual la SFP inició el proceso. “Por el uso del helicóptero del organismo a su cargo para fines privados”.

El hecho se conoció debido a que uno de los vecinos de Korenfeld subió fotos a las redes sociales a manera de denuncia. Una vez que trascendió lo ocurrido, el funcionario reconoció que fue un error, por lo que resarciría el costo del combustible a la Tesorería. Posteriormente, por conducto del área de comunicación social de la Conagua, se justificó con el argumento de que era por motivos médicos, en virtud de que tenía padecimientos en una rodilla.

Una vez efectuada la comparecencia de ley, la SFP continuará con las diligencias correspondientes al proceso administrativo, “con el fin de emitir la resolución correspondiente”.

Para abril quieren aprobar nueva ley anticorrupción

Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Congreso de la Unión acordaron que los proyectos relativos al Sistema Nacional Anticorrupción, así como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, serán las dos prioridades que buscarán aprobar en lo que resta del periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.

Según lo informaron los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y de la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones Rivera, respectivamente, los integrantes de estos órganos de gobierno, definieron una agenda de trabajo en la que anticorrupción y transparencia son los temas de mayor importancia.

El líder del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones enlistó los pendientes que buscarán ser aprobados en la última etapa de la LXII legislatura, además del Sistema anticorrupción y la ley en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Con ello agregó como parte de la agenda común para las próximas tres semanas, el trámite y definición de la Fiscalía General de la República; la reforma sobre la desindexación del salario mínimo; Ley reglamentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), paquete de reformas sobre seguridad y justicia enviado por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto; Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos; Ley de Obras Públicas; Ley del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot); Legislación en materia de violencia escolar; la Ley para prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos; y modificaciones a la Ley sobre Ahorro y Crédito Popular.

Al enlistar los temas en los que tanto senadores como diputados redoblarán esfuerzos, el líder del PRI en la Cámara baja, Beltrones Rivera sostuvo que “Esta agenda en sí mismo muestra un enorme compromiso (…) es tanto lo avanzado ya en comisiones que muchas de estas minutas o iniciativas se encuentran ya dictaminadas solo resta pasarlas hacia el Pleno de la Cámara de Diputados o senadores”.

En tanto, su homólogo en el Senado de la República,  Emilio Gamboa Patrón, agregó que pese a que no se incluyó en la agenda la reforma política para el Distrito Federal, hay un compromiso de abordar el tema a partir de este miércoles para revisar si existen condiciones para su aprobación.

Agregó que las bancadas del PRI y del PRD tienen un acuerdo para definir esta reforma que da autonomía constitucional a la Ciudad de México, sin embargo indicó que se requiere resolver las inquietudes del PAN al respecto, pues se requiere de sus votos para que pueda ser aprobada.

Cuestionado sobre las garantías que existen de que todos los temas agendados sean aprobados antes del 30 de abril, Gamboa Patrón reconoció que “De ninguna manera podemos decirles que tenemos garantizado que saldrá tal ley o tal minuta en el Senado o en la Cámara de Diputados, tiene que ser negociada consensada y aprobada primero por los grupos parlamentarios, para llevarlo después a las comisiones correspondientes y en su caso al Pleno”.

PRD propone desaforar al Presidente de la República

De acuerdo con otra nota del diario 24 Horas, el grupo parlamentario del PRD en el Senado promovió reformas a la Constitución para eliminar el fuero al Presidente de la República, a fin de que este pueda ser sujeto a proceso penal cuando cometa algún delito.

A través de una iniciativa de reforma a los artículos 61, 108, 111 y 112 constitucionales, presentada por el senador Armando Ríos Piter a nombre de la bancada, se propuso un sistema en el que, en caso de que el presidente incurra en algún delito podrá ser sometido a proceso penal ante un juez competente. En caso de que el juzgador penal dicte sentencia condenatoria, se pedirá al Congreso de la Unión su destitución.

Los senadores Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de la bancada, Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Piter explicaron que esta iniciativa fue presentada con el objeto de enriquecer la minuta relativa a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, enviada por la Cámara de diputados, cuyo contenido mantiene el régimen de excepción conferido al presidente de la república para enfrentar un proceso penal.

Ríos Piter precisó que el proyecto aborda específicamente el fuero del Presidente de la República, por ser un servidor público que está protegido por una inmunidad prácticamente absoluta.

“Es un cambio realmente trascendente frente a la cultura del presidencialismo que no termina por irse, pero que en muchos casos quiere regresar. Y el caso de la Casa Blanca pone en manifiesto la necesidad de que tengamos una evolución en todos nuestros ordenamientos jurídicos. Por eso nuestra posición frente al Sistema Nacional Anticorrupción, la vemos en positivo en el sentido de que es un avance significativo, sin embargo hay cuestiones fundamentales que tienen que mejorarse, como en el caso del fuero”, señaló.

El senador de Guerrero, señaló que este esquema permitirá proteger la función que ejerce el Presidente, en tanto se substancia el proceso penal, y por otro lado, evitará que la comisión de hechos delictuosos queden al margen de la justicia.

La propuesta, abundó, propone desarrollar un instrumento constitucional moderno, que preserve al fuero como figura de protección frente a toda persecución política, al mismo tiempo que permita el procesamiento y sanción de los servidores públicos que incurran en conductas delictivas.

Ríos Piter agregó que el fuero es una figura obsoleta, ya que su aplicación consideró, se ha convertido en un mecanismo de impunidad entre los funcionarios, en vez de ser una forma de protección para los servidores públicos frente a la persecución política y la represión autoritaria.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación.