Mientras el PRI en el Senado busca investigar a Grupo Tradeco del empresario Federico Martínez Urmeneta, por recibir en nueve años de gobierno panista contratos por 20 mil millones de pesos, especialistas y académicos cuestionaron las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el senador Miguel Ángel Chico Herrera dijo que una prioridad es investigar a fondo los posibles actos de corrupción y desviación de recursos.

“Estamos en lucha contra la impunidad y aquellos funcionarios o empresas que cometan ilícitos en contra de los mexicanos, los vamos a investigar a fondo. No juzgamos a nadie, pero exigimos a la autoridad que indaguen posibles anomalías”, advirtió.

El 21 de enero el PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar a la Función Pública y a Comunicaciones información sobre todos los trabajos que realizó la mencionada compañía durante los dos sexenios pasados.

Los priístas solicitaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) publique los contratos del gobierno federal y Grupo Tradeco de 2003 a 2012, y un informe de acciones emprendidas por actos u omisiones con esta empresa.

A la SCT le solicitaron que informe cómo ha atendido las observaciones hechas por la ASF respecto a las obras de Tradeco en ese periodo.

En la exposición de motivos, los priístas manifestaron que “Tradeco logró la mayoría de obras vía adjudicación directa y, que tan sólo entre 2003 y 2012 los contratos adjudicados ascendieron a 15 mil 143 millones de pesos, con la constante de sobrecostos y retrasos en las obras”.

Existe evidencia, dicen, que construyó carreteras con fallas, abandonó obras sin concluir o se elevaron los costos de los proyectos adjudicados.

Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, de la Auditoría Superior, el gasto en la autopista Durango-Mazatlán registró 45 observaciones y se incurrió en sobrecostos más allá de 30% de lo invertido.

El órgano fiscalizador señaló que, no obstante, que el periodo de ejecución original del proyecto fue de 2002 a 2010, su fecha de conclusión se modificó a 2013, pasando de un monto de inversión de ocho mil 889 millones de pesos a 22 mil 100 millones.

Según el PRI, “en el análisis, se determinaron observaciones por un importe de mil 616 millones de pesos, debido a diferencias de volúmenes, trabajos de mala calidad, errores en la integración de precios unitarios extraordinarios, por variación de la tasa de interés, así como por intereses de pagos anticipados”, entre otros.

“Las evidencias de las irregularidades son muy claras durante la administración del presidente panista Felipe Calderón, se aprecia el déficit ético en la administración pública, así como una franca omisión de lo que significa conducirse sin actos de corrupción y tráfico de influencias”, anotó el PRI.

De acuerdo con una revisión de contratos, a la que tuvo acceso este diario, Tradeco obtuvo (de 2003 a 2012) 100 contratos por un monto superior a 20 mil 204 millones de pesos con dependencias de la administración pública, entre las cuales destacan la SCT, Pemex Exploración y Refinación, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Policía Federal y la extinta Secretaría de Seguridad Pública.

En 2006 Tradeco ganó una licitación pública internacional para la construcción del puente Baluarte —el puente atirantado más alto del mundo que une a Durango y Sinaloa— donde se llevaron a cabo siete convenios de modificación del contrato original para ampliación del tiempo de entrega y ampliación de costos.

En 2009 la ASF determinó que la SCT de Sinaloa realizó pagos en exceso por más de 27 millones de pesos por la colocación de acero estructural; pagos excesivos por más de 16 millones de pesos debido al incremento de manera injustificada de alambre y se redujo la calidad de la mano de obra.

En 2010, la ASF detectó que Tradeco obtuvo un contrato para la construcción, rehabilitación y adecuación del Centro Penitenciario de Papantla, Veracruz, por 1.8 millones de pesos, que no estaba listado en el Portal de Obligaciones y Transparencia ni en Compranet e incluso la licencia de construcción no se tramitó sino hasta 23 meses después de iniciada la obra.

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclamó a la constructora más de 400 millones de pesos en créditos fiscales, siendo el crédito fiscal de mayor monto de 47 millones 123 mil pesos por incumplimiento del pago del IVA en 2010.

El senador Chico Herrera comentó que tienen indicios “de que las cosas no se hicieron bien, por ello vamos a solicitar a la autoridad correspondiente que investigue a fondo, vamos a desempolvar este tema y si hubo desviación de recursos los responsables sean castigados”.

Tradeco fue fundada por Federico Martínez Salas, ex director Corporativo en Pemex y también ex empleado de ICA, y heredó la compañía a su hijo Federico, egresado de la Universidad Iberoamericana.

En el calderonismo Tradeco recibió múltiples contratos y la empresa creció, pero usualmente no hacen declaraciones a los medios.

Ponen en entredicho plan anticorrupción de Peña

Las acciones anunciadas el pasado martes por el Presidente Enrique Peña Nieto para prevenir actos de corrupción estarán incompletas.

Esto, si no se fortalece el Sistema Nacional Anticorrupción, sostuvo Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

"Lo que demuestra la Presidencia de la República es que es muy sensible a los editoriales del periódico The Economist", dijo en relación con el texto publicado por esa revista británica en enero, que señala el daño que los escándalos recientes han hecho a la imagen del País en el mundo.

La publicación señalaba en enero de este año que el Presidente pasaba por su peor momento y que en estos últimos años, en América Latina, no hay nadie que haya tenido tan bajo reconocimiento social.

"Lo realmente importante en México en temas de transparencia y anticorrupción esta semana no es el anuncio del Presidente, es la aprobación de la ley secundaria que regula la reforma constitucional en materia de transparencia y las señales que se han enviado hasta el momento son muy preocupantes", sostuvo el director del IMCO según otra nota publicada del periódico Reforma.

De acuerdo con el directivo, la versión actual de la Ley contradice a la reforma constitucional y pone el País en riesgo de retroceder una década en materia de transparencia.

Aunque la versión final de la Ley será emitida por el Congreso, Pardinas consideró que el Presidente tiene una gran responsabilidad.

"Yo no eximo al Presidente de la responsabilidad (sobre la decisión) que tome el Congreso en materia de transparencia. Es más, si el PRI vota una mala ley, el último responsable es el Presidente de la República.

"(El Congreso) es otro poder, pero es un poder sobre el que el Presidente tiene una influencia muy importante a través de la bancada del PRI y del Partido Verde, que tienen un peso fundamental", explicó.

Durante el evento de este martes, Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como nuevo Secretario de la Función Pública, puesto que había permanecido vacante desde el principio del sexenio.

Asimismo, le pidió investigar la compra de las casas del propio Presidente; la Primera Dama, Angélica Rivera, y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

"Virgilio Andrade es buen funcionario público y un hombre honesto en una posición muy difícil, porque sí veo problema de conflicto de interés en la investigación del conflicto de interés.

"El hecho de que un Secretario sea el encargado de hacer la investigación no es el diseño institucional ideal", criticó Pardinas.

Indican vacío legal en indagación

La determinación de Enrique Peña Nieto de investigar la compra de casas no llevará a ninguna conclusión sobre conflicto de interés, expresaron especialistas.

Diego de la Mora, director del área de presupuesto de Fundar, opinó que el nombramiento de Andrade en la SFP es un evento más bien político, pues de fondo no existen elementos que permitan creer que se hallará alguna responsabilidad al Presidente.

"El nombramiento en Función Pública es positivo, pero se debió acompañar de un decreto o modificación constitucional que garantice una investigación imparcial y cambios de fondo", dijo.

Por su parte, Oscar Arredondo, investigador de Fundar, indicó que actualmente en la ley no existe ningún elemento que permita imputar algún delito o cargo por conflicto de interés al Presidente.

"Hay un vacío legal que no permite hallar elementos que validen que el Presidente incurrió en conflicto de interés o alguna otra mala práctica.

"Creo que al final de la investigación lo que dirán es que el Presidente, legalmente hablando, no incurrió en alguna falta", consideró.