Mil cien fosas clandestinas ligadas al crimen organizado han sido contabilizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2009 a la fecha.

“Llevamos un promedio de al menos mil 100 fosas en muchas de las regiones del país en los últimos seis años”, reveló a Crónica Luis García López, titular hasta el 31 de diciembre próximo de la Primera Visitaduría, encargada de dar seguimiento a violaciones en materia de seguridad pública y de coordinar el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos.

De acuerdo con una nota del periódico Crónica, los hallazgos involucran a más del 90 por ciento de las entidades federativas.

“Si de repente en un lugar encontramos una fosa clandestina, y algunos metros adelante encontramos otra, y luego en el camino encontramos restos óseos, entonces ya no sólo hablamos de un lugar específico, sino que ya van en crecimiento la zonas, nos parece que hay un problema muy grave en el país que se debe investigar”, refirió García.

El organismo ha detectado un incremento exponencial de narcofosas a partir de 2009, pues antes de este año los registros se medían en decenas. Pero en los últimos años los conteos han ido en un rango de 100 a 250 inhumaciones ilegales cada año.

“En todos aquellos lugares donde aparecen fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres, no se ha podido identificar quiénes son las víctimas, lo cual obliga a todas las instituciones a reforzar sus acciones en el tema, como una medida urgente para saber por qué se están presentando cada vez más”, dijo el aún visitador.

Los descubrimientos masivos -en el lapso investigado- se concentran en entidades como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y el Estado de México.

En un rango medio se ubica a Durango, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Sonora, Baja California, Quintana Roo, Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Campeche, Nayarit y Querétaro.

La incidencia es más baja en el Distrito Federal, Chiapas, Tlaxcala, Yucatán, Puebla y Baja California Sur.

La CNDH espera que la cifra se incremente, pues aún procesa todos los datos de fosas localizadas en Guerrero en los últimos tres meses, a raíz de la búsqueda de 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado.

Según García, pese al aumento desbordado de narcoexcavaciones, las autoridades de todos los niveles de gobierno carecen de un protocolo de investigación y seguimiento al tema.

“La pregunta es cuántos hallazgos más de este tipo iremos encontrando, con el propósito de definir cómo se identificarán los cuerpos, cómo se protegerán los derechos de los familiares de acuerdo a lo establecido en los estándares internacionales y qué autoridades serán las encargadas de las investigaciones”.

El registro de estos casos se basa en información proporcionada por procuradurías generales de justicia de todos los estados, comisiones estatales de derechos humanos y delegaciones de la Comisión en toda la república, además de quejas, denuncias ciudadanas y seguimiento periodístico.

“Hemos ido reforzando los requerimientos que hacemos a diversas autoridades de procuración de justicia y servicios médicos forenses respecto de cadáveres no identificados que llegan a estas instituciones, a veces la respuesta de muchas de estas instancias es más lenta que en otros casos”, puntualizó García, quien propuso para los siguientes años trabajar de forma integral en la prevención:

“La estrategia tendría que ver con la educación en materia de derechos humanos y la eficiencia de servidores públicos en los rubros de seguridad pública y procuración de justicia”.

Hechos violentos impactan en 27% el PIB del país

La violencia y el narcotráfico, generan a nuestro país un costo de 334 mil millones de dólares -el 27.7% del PIB-, lo que equivale a dos veces el presupuesto para la educación y la salud, reveló un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP).

De acuerdo con el reporte Índice sobre la paz global y en México, que reúne datos del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), la OCDE, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) y el INEGI, México se ubica en el número 25 de entre 162 naciones donde contener la violencia genera los mayores costos, siguiendo a países como Estados Unidos, Rusia e Israel.

Sin embargo, según lo sostiene el propio estudio, pese a la gran erogación para abatir la criminalidad -que en 2013 fue de 172 mil 785 millones de dólares- en los últimos 10 años el índice de paz en México muestra un retroceso de 27% debido, principalmente, a los incrementos en la tasa de homicidios (cerca de 40% de 2007 a 2013). Los subíndices que miden la eficiencia del sistema judicial (90% de los homicidios quedan impunes) y el tráfico de armas, mientras que la corrupción en las fuerzas policiales y de los servidores públicos, son otros de los indicadores que explican este deterioro.

“México continúa en una espiral de violencia, que tiene su origen en la guerra contra el narcotráfico que inició la pasada administración, situación que ha llevado a un aumento en el número de fuerzas de seguridad sin un impacto positivo en el número de crímenes que se cometen”, asevera el documento según otra nota del diario 24 Horas.

De hecho, el estudio dado a conocer por la CESOP, incluye un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, en el que advierte que las tasas de criminalidad en las zonas de conflicto en México se triplicaron desde el comienzo de la llamada Guerra contra las drogas, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Cabe mencionar que en el texto se detalla que el costo total de la criminalidad supera los 334 mil millones de dólares, pues además del gasto presupuestado para combatir la violencia, se contabiliza el costo para mantener la ley y el orden a través de la policía, el sistema judicial y penitenciario; la pérdida de productividad por el crimen; la dificultad para crear empleos bajo condiciones adversas de criminalidad, así como por la reasignación del gasto que deja de invertirse en infraestructura, en la industria y en educación.

De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, entre las barreras que enfrenta nuestro país para el logro de la paz, está el débil arreglo institucional que diluye la efectividad de la política anticrimen, debilidad que afirman, deriva de la falta de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales, así como por la divergencia en las capacidades de las personas que integran las instituciones que hacen frente a la violencia en los tres órdenes de gobierno.

Dicho documento subraya que el gobierno mexicano aún carece de una nueva estrategia para enfrentar al narcotráfico, por lo que difícilmente se verá una reducción en los índices de criminalidad en el corto plazo.

Aunque se reconoce la reciente intención de las autoridades de reemplazar paulatinamente las fuerzas militares por la gendarmería nacional, anticipa que debido a que la estrategia central de seguridad es la misma, habrá pocos avances en favor de la paz pese a este cambio en la estrategia de seguridad.