Por posibles violaciones graves a los derechos humanos de civiles, incluida la tortura, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió en los últimos siete meses 202 averiguaciones previas en contra de elementos del Ejército y de la Marina.

Así lo revela el Segundo Informe de Labores de la PGR dado a conocer ayer, con la acotación de que se trata únicamente de los expedientes que el propio aparato de Justicia Militar le ha notificado al Ministerio Público Federal.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, el documento recuerda que la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el “Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, estableció que los casos de violaciones graves a derechos humanos de civiles cometidos por personal de las fuerzas armadas debían ser excluidos del fuero militar.

Las reformas hechas al fuero militar en junio pasado, subraya la PGR, ratificaron la competencia civil para estos casos.

En ese contexto el Informe indica que del 15 de diciembre de 2013 al 31 de julio de 2014 se inició en la Subprocuraduría de Derechos Humanos 202 averiguaciones previas a partir de las declinaciones hechas por la Justicia Militar. De estos casos 184 corresponden a la Secretaría de Marina (Semar) y solo ocho a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Dentro de ese universo hay 73 expedientes que corresponden a casos de tortura en contra de personas civiles que habrían sido cometidos por personal de las fuerzas armadas, indica la dependencia.

Además la PGR señaló que hay 78 averiguaciones previas más, 15 de ellas por tortura, iniciadas a partir de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de funcionarios federales, sin que se detalle a que dependencia en concreto corresponden los casos.

De acuerdo con el Segundo Informe de Labores de la Sedena, existe una preparación constante a sus elementos en materia de derechos humanos y puso como ejemplo que más de 120 mil efectivos han sido capacitados a través de “video conferencias” de la CNDH. También mencionó que se impartió un curso en línea, aunque este sólo lo han recibido mil 347 efectivos.

La Semar no ha dado a conocer aún su informe actualizado, pero antes ha insistido también en que existe capacitación en derechos humanos.

Datos del Segundo Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que en el periodo del 1 de septiembre del 2013 al 31 de agosto de este año la Procuraduría de Justicia Militar inició dos mil 528 averiguaciones previas por presuntos delitos cometidos por elementos del Ejército Mexicano.

Se trata de un incremento de 55% de las averiguaciones en comparación con el periodo anterior en el que se reportó la apertura de mil 626 averiguaciones previas.

El informe no hace un desglose de los delitos por los cuales se han iniciado las averiguaciones, pero de acuerdo con informes del área de transparencia de Sedena, los más comunes son la deserción o el abandono de los puestos de trabajo, infracciones diversas, desobediencia de la disciplina miliar, abusos de autoridad y contra la administración de justicia.

La dependencia castrense también reportó que en el último año se atendieron 21 mil 837 mandamientos judiciales y ministeriales, entre citatorios, órdenes de localización, presentación y aprehensión contra militares.

Cabe señalar que de acuerdo con los datos del propio Ejército Mexicano, hay un promedio diario de 37 mil efectivos militares en el país exclusivamente para tareas de seguridad de seguridad interior, es decir, en los operativos contra la delincuencia y el apoyo en seguridad pública en los estados.

La PGR informó que la averiguación previa iniciada por la muerte de 22 personas en un supuesto enfrentamiento con el Ejército Mexicano el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, sigue abierta y hasta el momento no es posible emitir alguna conclusión sobre las circunstancias de los decesos.

En su momento, la Sedena informó en un comunicado oficial que estas muertes ocurridas dentro de una bodega fueron producto de un enfrentamiento, versión que también fue avalada por las autoridades del Estado de México.

Pero el diario 24 Horas publicó el 3 de julio pasado que la PGR investigaba el caso para esclarecer a detalle lo sucedido. Organizaciones internacionales especializadas como InSight Crime advirtieron de la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales en este caso, por lo que pidieron una investigación a fondo del tema.

Según otra nota del periódico La Jornada, una persona que supuestamente fue testigo de la muerte en junio por el Ejército mexicano de 22 personas, identificadas oficialmente como delincuentes, aseguró a la revista Esquire que 21 de ellas fueron ejecutadas cuando ya se habían rendido y no murieron durante un enfrentamiento, como sostienen las autoridades.

“Los paraban en hilera y los mataban”, relató Julia, el nombre ficticio que se da a la testigo en una entrevista publicada en el sitio electrónico de la edición para Latinoamérica de la revista estadunidense Esquire.

En breve comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó el 30 de junio que durante un patrullaje nocturno por el pueblo de Tlatlaya, estado de México, soldados fueron agredidos desde una bodega y que en el tiroteo hubo “22 presuntos agresores muertos (21 hombres y una mujer)” y un militar herido.

Según la Sedena, las autoridades encontraron en el lugar a tres mujeres que “manifestaron estar secuestradas” y 25 armas largas en manos del grupo que, de acuerdo con medios locales, pertenecía al cártel La Familia y resguardaba un laboratorio de drogas sintética.
Esquire asegura que Julia es una de esas tres mujeres y que niega haber estado secuestrada por ese grupo, aunque no revela los motivos que la llevaron a estar en el lugar. Julia sostiene que los militares dispararon primero y que en el tiroteo hubo únicamente un muerto, mientras que los otros 21 en realidad se rindieron y, después de ser interrogados, fueron ejecutados.